Parlamento vasco pide un decálogo para informar sobre maltrato y adjuntar la foto del agresor a la orden de alejamiento

VITORIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Mujer y Juventud del Parlamento vasco aprobó por unanimidad hoy el dictamen de la ponencia sobre la violencia de género, que ahora pasará al pleno, y en el que se pide que se pongan en marcha medidas concretas para acabar con esta lacra, como elaborar un decálogo para que los medios de comunicación lo utilicen a la hora de informar sobre los malos tratos o incluir la fotografía del agresor en el expediente en el que conste la orden de alejamiento.

El objetivo de la ponencia, creada hace dos años, es "articular medidas de prevención" y "establecer medidas para dar una respuesta integral a las mujeres que han sufrido diferentes expresiones de violencia psicológica y/o física y a sus hijos". También pretende "evaluar las distintas actuaciones" y "garantizar la implicación y coordinación de todas las administraciones en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, haciendo especial hincapié en los colectivos más desfavorecidos".

Para llevar a cabo esta tarea la ponencia ha establecido tres ejes de intervención, cada uno de los cuales cuenta con acciones concretas a desarrollar desde las distintas áreas de actuación.

Respecto a la prevención y sensibilización, el informe insta a "prevenir todas las expresiones de violencia, sensibilizar y concienciar a la sociedad, informar a las mujeres sobre los recursos de que disponen, trabajar para garantizar la igualdad real y fomentar la tolerancia 'cero'".

También incluye medidas comunes a todas las áreas, como "desarrollar planes de igualdad, sensibilizar y formar a profesionales; definir protocolos de actuación; elaborar guías; diseñar itinerarios para las víctimas; definir indicadores de riesgo de maltrato; garantizar todos los derechos de todas las mujeres y fomentar la participación ciudadana para proteger a las víctimas".

En el ámbito de la educación, se apuesta por poner en marcha programas educativos de prevención, elaborar guías, organizar cursos en los centros escolares, formar a los trabajadores de los colegios, trabajar en métodos de aprendizaje para la resolución de conflictos y organizar los espacios educativos según criterios de igualdad.

En cuanto a los medios de comunicación, aboga por "impulsar y garantizar que todos cuente con un comité que supervise, tanto los mensajes como el lenguaje y las imágenes de publicidad" y por "fomentar el programa 'Género y medios de comunicación', para garantizar que su programación y lenguaje no sean sexistas".

En sanidad, se reforzará y ampliará la figura del trabajador social y se desarrollarán aplicaciones informáticas para que el médico esté informado sobre los casos de maltrato.

Los servicios sociales, por su parte, impulsarán las redes de apoyo para las mujeres en riesgo y difundirán programas de intervención familiar para prevenir los malos tratos; mientras que en el ámbito de la justicia, se realizará un seguimiento de los agresores, a través de los servicios de atención a las víctimas en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, y se agilizará la tramitación de todo tipo de denuncias relacionadas con este tema.

La ponencia apuesta también porque se adjunte la fotografía del agresor en el expediente en el que conste la orden de alejamiento y por incluir en la proyección urbanística la perspectiva de género.

ATENCION Y APOYO

Para actuar en la atención y apoyo a las víctimas se apuesta por desarrollar "un modelo de atención integral y multidisciplinar que dé una respuesta adecuada e inmediata a las necesidades de las víctimas mediante una red de servicios y recursos de calidad"; por "potenciar e impulsar acuerdos interinstitucionales para coordinar las actuaciones", y porque se elaboren memorias económicas que fijen las cuantías destinadas a cada una de las medidas.

Entre las medidas sectoriales de este apartado destacan el que los hijos de las víctimas tengan acceso a cualquier centro cuando tengan que cambiar de domicilio; que se refuerce su atención psicoeducativa, y que se les facilite el acceso a recursos de formación no reglada.

Asimismo, Emakunde y los medios de comunicación elaborarán un decálogo para el tratamiento de este tema, que luego servirá de guía para informar sobre estos casos, y se crearán módulos psicosociales integrales por comarcas o cuadrillas.

En el dictamen también se insta a potenciar los programas de seguimiento y apoyo psicosocial para las mujeres durante la terapia, a que las víctimas puedan tener una persona de apoyo y referencia, y a divulgar el funcionamiento del teléfono único 24 horas.

Además, los hijos de las víctimas podrán tener ayuda psicológica; se organizarán lugares de encuentro especializados para ellos; y se garantizará la existencia de medidas de seguridad y de personal capacitado para controlar las visitas.

En cuanto al trabajo, el informe apuesta por diseñar planes individualizados de inserción sociolaboral, crear programas específicos de formación, garantizar la preferencia en cursos de formación, incidir en los programas subvencinales para las empresas que contraten a víctimas, elaborar planes de igualdad, y promover la sensibilización en el ámbito laboral.

La justicia, por su parte, habilitará mecanismos para que las víctimas tengan la información necesaria para denunciar e incluirá espacios en los juzgados donde permanezcan los niños mientras sus madres ponen la denuncia. Además, cuando las víctimas declaren, deberán contar con apoyo y asistencia para sentirse amparadas, y se impulsará la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad, la justicia y los abogados.

Los servicios policiales, por su parte, también habilitarán salas especiales para la presentación de las denuncias, garantizarán una atención adecuada a los niños, establecerán mecanismos de colaboración entre las distintas policías, promoverán el cumplimiento efectivo de las medidas de protección y cautela, diseñarán un plan de protección personal para las víctimas, y garantizarán el sistema de telealarma las 24 horas.

También se pide que Etxebide flexibilice los requisitos de acceso a una vivienda para las víctimas y que garantice el alquiler durante el primer año; y que el Departamento de Urbanismo localice los lugares especialmente peligrosos de las ciudades y desarrolle en ellos medidas protectoras.

INVESTIGACION

Sobre el tercer y último eje, el de la investigación, el informe pide que se analicen las causas y efectos de este tipo de violencia y que se preste especial atención a mujeres inmigrantes y con discapacidad. Además, apuesta por establecer indicadores para detectar los posibles riesgos de maltrato, y por determinar las necesidades que tienen las víctimas.

También pide que se estudien la calidad de la respuesta que ofrecen los servicios sociales y las necesidades de los profesionales que participan en estos casos, así como los presupuestos utilizados para garantizar el apoyo y la atención integral.

En resumen, la ponencia insta a "profundizar en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres para disminuir este tipo de violencia", y considera que su erradicación "pasa por abandonar el modelo patriarcal y por construir un modelo de relaciones basado en la igualdad".

Además, "urge" a las administraciones públicas a cumplir la normativa vigente para "garantizar de forma efectiva los derechos y libertades" y les insta a "intervenir en la prevención, investigación, protección, actuación y eventual sanción", al tiempo que considera necesario que la actuación pública de todas las administraciones esté coordinada y se eviten las desigualdades por territorios.

Por último, insta a definir un itinerario de actuación con servicios mínimos, y exige que este tenga asignadas unas cuantías presupuestarias suficientes para que cuente con los medios económicos, personales y materiales necesarios para su ejecución.