MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición de ley, para su discusión hoy en el Pleno, en la que solicita al Gobierno que garantice los derechos y mejore de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias, mediante la modificación de varias normas.
A través de esta iniciativa, recogida por Europa Press, el portavoz 'popular' de la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados, Francisco Vañó, propone la adecuación de del concepto de persona con discapacidad, recogido en la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación, y accesibilidad universal de las personas con discapacidad a lo establecido en la Convención de la ONU sobre las Personas con Discapacidad.
En esta propuesta legislativa, además se pretende lograr la incorporación efectiva de medidas para fomentar la accesibilidad y la no discriminación de este colectivo a través de la regulación de auditorías previas de accesibilidad a todas las obras de la Administración General del Estado.
Asimismo, propone la modificación de la disposición adicional décima de la Ley de igualdad de oportunidades para que se otorgue un rango legal al Observatorio de la Discapacidad dependiente del Real patronato de la Discapacidad, --adscrito al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSYD)--, que estará obligado a elaborar un informe anual de las actividades.
Entre los objetivos de esta proposición de ley se encuentra el de modificar el apartado 2 del artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal con el objetivo de que las obras de accesibilidad de las comunidades de vecinos su importe total no exceda de seis mensualidades de gastos comunes.
El PP propone también añadir al artículo 223 del Código Civil, que establece que cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor, que se establezcan órganos de fiscalización de la tutela, así como a las personas que hayan de integrarlo.
Asimismo, pide que se añada también en el Código Civil que el Estado garantice que parte de las cantidades distribuidas entre las instituciones municipales y provinciales se destinen a sufragar acciones y programas de promoción de la autonomía personal por parte de las organizaciones sociales, sin afán de lucro, del sector de la discapacidad.
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