CASTELLÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP solicita a la Fiscalía que agilice la investigación iniciada sobre el Castor "para depurar la responsabilidad legal del Gobierno socialista que aprobó el proyecto sin haber encargado todos los informes necesarios para garantizar la seguridad de la instalación y que, además, decidió blindar el contrato para asegurarse que la empresa adjudicataria se beneficiase sin importar si pudiese cometer negligencia o dolo".
Así se ha manifestado el secretario general del Partido Popular de la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, tras saber que la empresa adjudicataria ha renunciado a seguir adelante.
El dirigente popular ha incidido en que "el hecho de que la empresa responsable haya pedido dejar Castor es el final de una comedia socialista que nos puede costar 1.800 millones de euros en la factura de la luz a todos los españoles". "Es un proyecto que permitió que se construyese un almacén de gas sin los estudios de impacto ambiental correspondientes, como sería el estudio sismográfico, indispensable cuando se construye sobre una falla, y en el que se acordó indemnización funcionase o no el proyecto", ha añadido.
Al respecto, Barrachina ha dicho que "siempre que se mantenga el cierre indefinido de estas instalaciones, que no tienen garantía de seguridad ni fiabilidad, es una buena noticia para la provincia de Castellón", y ha confiado en que "a pesar de lo costosísimo de esta operación, no se vuelva a reabrir para la tranquilidad de los vecinos del norte de la provincia de Castellón".
El número dos el PPCS ha incidido en que "es un auténtico despropósito por el cual nosotros no sólo pedimos el cierre indefinido de la planta, sino que se lleve a los tribunales a todos los responsables políticos de una decisión que pueden pagar en la factura de la luz todos los vecinos de la provincia de Castellón y de España".
En este sentido, ha recordado que hubo dos acuerdos del Consejo de Ministros del Gobierno de Zapatero, con ministros responsables de la anterior etapa socialista que, "por un lado, decidieron llevar a cabo y construir un almacén sin garantías, y por otro, decidieron que funcionase o no, se le abonase a la empresa 1.800 millones de euros".
"Es un despropósito de tal calado que en una empresa privada supondría el despido de la totalidad de los responsables de la decisión y ahora, que ya fueron despedidos por los españoles, lo que se merecen es tener que asumir la responsabilidad administrativa o penal que supone tirar al mar 1.800 millones de euros que, a través de la factura de la luz, podemos tener que pagar todos los españoles", ha concluido.
