ERC demanda un fondo de 800 millones de euros contra la pobreza y que éste se mantenga en sucesivos Presupuestos
MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso debate este martes una proposición no de ley del PP que urge al Gobierno a "desarrollar acciones para la erradicación de los prejuicios existentes hacia la población gitana, promoviendo un mejor conocimiento de su realidad con el fin de alcanzar la igualdad de trato y una plena convivencia intercultural".
Así, subraya que, aunque no existen datos oficiales, se calcula que en la actualidad hay entre 10 y 12 millones de ciudadanos europeos de origen gitano/romaní, lo que convierte a esta minoría en la más numerosa de la UE.
"A pesar de que esta población está presente en Europa desde hace siglos, a día de hoy muchos de ellos siguen sufriendo exclusión y rechazo social", apostilla.
Los 'populares' defienden que "conscientes de esta situación" se han puesto en marcha políticas orientadas a garantizar la protección de los derechos fundamentales de este colectivo, gracias a las cuales la población gitana en España ha experimentado, en términos generales, "importantes avances sociales" en los últimos años.
Sin embargo, pese a los logros alcanzados, denuncian que hay que seguir avanzando en cuatro áreas clave de mejora de la integración de la población gitana: educación, empleo, vivienda y salud.
800 MILLONES PARA LA POBREZA
Por otro lado, esta comisión parlamentaria debatirá y votará este martes una iniciativa de ERC que solicita la creación "inmediata" de un Fondo de lucha contra la pobreza infantil con una asignación inicial de 800 millones de euros que será distribuido entre las comunidades autónomas (a excepción de aquellas que cuentan con régimen foral) según el porcentaje de pobreza infantil de cada una de ellas.
A su vez, quiere que se mantenga esta cantidad, como mínimo, en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado de la Legislatura y procurar incrementarlo para cumplir con eficiencia los objetivos del Fondo, garantizando que las comunidades autónomas puedan realizar políticas propias para la erradicación de la pobreza infantil en el marco de sus competencias.
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