MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular presentó hoy una proposición de ley en el Congreso para que las personas con discapacidad no paguen peajes en las carreteras, según informó en rueda de prensa la portavoz 'popular' en la Cámara baja, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz en la Comisión de Discapacidad, Francisco Vañó.
El Partido Popular considera necesaria esta medida porque muchas personas discapacitadas utilizan su propio vehículo para desplazarse porque no encuentran medios de transporte que sean accesibles. Así, esta formación propone que se beneficien de esta iniciativa los titulares de tarjetas de estacionamiento para vehículos destinados a personas con movilidad reducida.
Además, Sáenz de Santamaría destacó la necesidad de fomentar el empleo en este colectivo para mejorar su inclusión social, por lo que demandará al Gobierno que reserve un 7 por ciento de las plazas públicas, de modo que se "consiga progresivamente que el 2 por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública" sean personas con discapacidad.
Las plazas no cubiertas en una convocatoria se acumularán a la oferta siguiente hasta un máximo del 15 por ciento, y cada administración pública deberá poner en marcha las medidas necesarias para alcanzar este objetivo.
LAS REIVINDICACIONES PENDIENTES DEL SECTOR
Vañó explicó que el PP, "atendiendo a sugerencias del sector", ha presentado "las reivindicaciones pendientes" de los discapacitados en esta proposición de ley. "Se trata de establecer los mecanismos necesarios para que puedan ejercitar los derechos que tienen reconocidos", resumió.
Así, esta formación solicita que el 6 por ciento de las viviendas de protección oficial y de las viviendas sociales sean accesibles, y que aparcar en sitios para minusválidos sea considerado como infracción grave.
En la proposición de ley, también se plantea la creación, en el Seno del Real Patronato sobre Discapacidad, del Observatorio Nacional de la Discapacidad, que se encargará de seguir las actuaciones que se realicen en esta materia.
AUDITORÍA A LAS OBRAS DEL ESTADO
Otra de las propuestas es que los "proyectos de obras e infraestructuras que promueva o financie" el Estado estén precedidos por una auditoría que garantice que se se cumplen con los requisitos de la accesibilidad universal.
Los 'populares' solicitan además que se aumente la cuantía que deben aportar los propietarios de una vivienda en la que se se necesite hacer reformas para mejorar de la accesibilidad de un discapacitado que resida en ese edificio.
También reclaman al Gobierno que remita al Parlamento, en un plazo de seis meses, un informe de accesibilidad de los servicios y entornos de todos los organismos públicos, y que adapte el ordenamiento jurídico español a la Convención de la ONU sobre Personas con Discapacidad.
