MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Senado renunció hoy a incluir cualquier tipo de modificación en el proyecto de la Ley de Lengua de Signos con el objetivo de aprobarla de manera definitiva en el Pleno de la Cámara Alta del próximo miércoles y no romper el consenso alcanzado entre todos los grupos.
Así, los grupos parlamentarios reunidos en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales señalaron que esta decisión ha sido tomada en aras de que dicha ley entre en vigor "con la mayor agilidad posible" y manteniendo el acuerdo logrado en el Congreso, donde el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad el pasado junio.
De este modo, el PNV y el PP retiraron respectivamente sus 6 y 10 enmiendas para no retrasar la puesta en funcionamiento de la norma y no romper el acuerdo conseguido entre los grupos. Por ello, todos los grupos se felicitaron por la agilidad con la que se ha tramitado la futura norma en el Senado.
Por su parte, la portavoz del PP en esta comisión, Belén do Campo, explicó a Europa Press que una de las diez enmiendas que inicialmente iban a presentar iba dirigida a las personas sordociegas, en la que abogaban por que estas personas "tuvieran una atención personalizada, a través de la figura de un mediador", por lo que anunció que su grupo presentará una proposición de ley antes de que finalice la legislatura para que se atienda el caso específico de las personas sordociegas.
ATIENDE LA RECLAMACIÓN DE ESTE COLECTIVO
De este manera, el texto que salió del Congreso no será modificado en el Senado, hecho que facilitará su aprobación y que será agradecido por los colectivos de discapacitados, que reclamaban agilidad en la tramitación y que no se incluyeran modificaciones en el Senado.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 28 de junio por unanimidad el proyecto de ley por el que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Cuando la norma entre en vigor, las instituciones deberán garantizar intérpretes y toda la información necesaria a estas personas cuando, por ejemplo, acudan al ayuntamiento a realizar una gestión, a la estación de tren para comprar un billete o en la consulta del médico.
Este proyecto de ley establece las garantías legales para el acceso a la comunicación en diversos ámbitos (educación, sanidad, Administración, cultura, medios de comunicación entre otros) y equipara la lengua de signos española y la catalana.
En términos generales, la norma facilitará a las personas con discapacidad auditiva (cerca de 2 millones de españoles, 100.000 con sordera profunda) la utilización de intérpretes de lengua de signos y el establecimiento de medios de apoyo a la comunicación cuando lo precisen.
