PARÍS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto con el Comité Coordinador Global de Organizaciones de Libertad de Prensa pidieron hoy a los gobiernos de Cuba y Venezuela detener el acoso contra los periodistas y medios de comunicación privados.
Las organizaciones condenaron al Gobierno de Hugo Chávez por los recientes ataques contra algunos medios privados, entre ellos la cadena Globovisión, sus directores y periodistas "los que a su vez constituyen ataques contra la libertad de expresión", señala un comunicado divulgado este jueves.
Asimismo, exigieron a Chávez "el regreso de la señal de transmisión de Radio Caracas Televisión (RCTV) y de los bienes ilegalmente intervenidos a ese canal", el 27 de mayo de 2007 cuando el Estado se negó a renovarle los permisos para el uso del espectro radioeléctrico.
En la reunión semestral celebrada esta semana en París, las organizaciones en defensa por la libertad de expresión denunciaron "el continuo uso de la pauta publicitaria del Estado como elemento de presión contra los medios independientes" por parte de Chávez.
Asimismo, instaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) "adoptar las medidas necesarias para la restauración de la libertad de expresión en Venezuela", así como velar por el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
PRESOS CUBANOS
Por otra parte, el Comité Coordinador Global exigió a Cuba liberar de forma "incondicional" a más de 20 periodistas independientes que han sido encarcelados por publicar información no favorable al Gobierno de Raúl Castro.
También pidió poner fin a "las acciones represivas contra los periodistas independientes y sus familiares" y permitir la salida de la isla a aquellos profesionales de los medios que han recibido visado para emigrar a otro país.
Asimismo, las organizaciones condenaron "el recrudecimiento del control gubernamental sobre el uso de la Internet y la obstaculización del acceso a los blogs realizados desde Cuba", e instó al Gobierno de Castro a tener "un tratamiento adecuado para los corresponsales extranjeros que realizan su trabajo" en ese país.