Albert Campabadal Blanco es presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE). - CONACEE
Para las personas con discapacidad, acceder a un empleo supone, en muchos casos, derribar barreras que van mucho más allá de lo económico. Para ellas el trabajo no solo proporciona ingresos, sino que también aporta autonomía personal, refuerza la confianza en sí mismas y les genera sentimiento de pertenencia. Por eso es tan importante que, como sociedad, analicemos con honestidad dónde estamos y nos preguntemos si estamos avanzando al ritmo al que deberíamos avanzar.
La realidad es que los datos muestran una evolución positiva pero insuficiente. La tasa de empleo de las personas con discapacidad ha pasado del 26,8% en 2021 al 28,9% en 2024; apenas dos puntos porcentuales en cuatro años sobre unos porcentajes realmente bajos de empleabilidad. Mientras tanto, la diferencia de este parámetro respecto a la población sin discapacidad continúa superando los 40 puntos, una brecha que necesita más que un ligero progreso, especialmente cuando hablamos de uno de los colectivos que mayores dificultades encuentra para acceder al mercado laboral.
Al contrastar esta evolución con la de los Centros Especiales de Empleo (CEE) asociados a CONACEE, observamos que el empleo de personas con discapacidad en estas organizaciones ha registrado un crecimiento medio interanual del 9,83 % entre 2021 y 2024. Es decir, es completamente posible avanzar a un ritmo significativamente mayor al actual en el conjunto del mercado laboral, pero para ello se necesitan estructuras de apoyo, acompañamiento y un compromiso real con la inclusión.
Parte del problema radica en el margen de mejora en el sector empresarial para entender que la contratación de personas con discapacidad genera resultados positivos para todos. Beneficia a quienes acceden a una oportunidad laboral, pero también permite a las organizaciones fortalecer sus equipos, enriquecer su cultura corporativa y mejorar sus resultados.
Por otro lado, determinadas decisiones normativas no siempre contribuyen a reforzar este enfoque integrador. La exclusión de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa empresarial de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social es un ejemplo de cómo ciertos marcos legales pueden introducir divisiones en un ecosistema que, por su propia naturaleza, debería ser complementario. En este caso, su implementación puede afectar a dos tercios de los CEE y, en consecuencia, a decenas de miles de empleos.
En ese sentido, las políticas públicas deberían orientarse precisamente en la dirección contraria: sumar capacidades, reconocer la diversidad de actores implicados y facilitar la colaboración entre todos ellos. Cuando las medidas reguladoras separan en lugar de integrar, se debilita la eficacia del sistema en su conjunto y se limita el impacto real de las iniciativas de inclusión laboral.
España dispone del talento, la experiencia y las herramientas necesarias para acelerar el ritmo. Lo que necesitamos ahora es la voluntad de sumar, de ampliar oportunidades y de convertir la inclusión en una prioridad compartida. Porque cada persona con discapacidad que accede a un empleo no solo mejora su propia vida, sino que también fortalece una sociedad más justa, más diversa y más próspera para todos.
Albert Campabadal Blanco es presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE).