"Reconocer la autoridad del docente". Por Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE

La autoridad del profesor es un elemento básico del proceso educativo. Educar supone no sólo la transmisión de conocimientos sino también de valores, lo cual implica establecer una relación enriquecedora y compleja que se da entre personas iguales en dignidad pero situadas en distintos niveles de responsabilidad. Y esta situación, que es inevitable, exige que haya quien tenga la potestad de decir, en un momento dado, la última palabra.

Sin embargo, la autoridad del profesor ha estado muy cuestionada durante las últimas décadas, tal vez porque le hemos dado un carácter peyorativo a términos como autoridad, disciplina y respeto a los que asociábamos negativamente con un determinado modo de gobierno fruto de la situación política de nuestro país en el pasado.

Así, en el ámbito educativo lo hemos notado no sólo a la hora de intentar controlar situaciones conflictivas y al aplicar normas para corregir adecuadamente a nuestros alumnos, sino también hemos acusado la pérdida de autoridad en la dimensión académica: desde cuestionar las decisiones académicas sobre aprobados y suspensos hasta perder competencias profesionales por los claustros.

El servicio del Defensor del Profesor creado por ANPE sabe, y mucho, de las dificultades, el descontento y la desmotivación que estas situaciones han provocado. Durante los últimos años, desde ANPE hemos venido alertando sobre el progresivo deterioro de la convivencia en los centros educativos. No hemos flaqueado en demandar que la normativa sobre convivencia escolar considere al profesor como autoridad, con la capacidad de corregir de forma inmediata las conductas contrarias a la convivencia sin delegar en terceros, y lo hemos justificado precisamente por las responsabilidades tan serias que recaen sobre la función docente.

Una de las reivindicaciones básicas de ANPE ha sido el reconocimiento de la condición de autoridad pública del docente en el ejercicio de su función. Y esta exigencia, que en principio fue contestada desde diversos sectores de la comunidad educativa, ya es hoy aceptada mayoritariamente.

La consideración de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su función constituye una garantía para los derechos de un colectivo que ha padecido un fuerte descrédito social en los últimos tiempos y envía a la sociedad un mensaje claro: un profesor es una figura importante y necesaria y no puede ser agredida o amenazada impunemente.

Estamos firmemente convencidos, además, de que todas las iniciativas que refuerzan la protección de los docentes redundan en beneficio de los propios alumnos y del sistema educativo en general. Ahora debemos dar un paso más: las familias, los medios de comunicación y la sociedad en general deben valorar la autoridad que emana de la propia dignidad del trabajo docente y deben reconocer la autoridad magistral del profesor y el respeto que se debe a sus decisiones académicas.

Queda mucho aún para recuperar plenamente la autoridad del docente en el sentido profesional y ético del término. ANPE quiere seguir trabajando para transmitir a la sociedad la importancia de reconocer también la autoridad moral, intrínseca a la relación educativa, y la autoridad académica, que tiene que ver con el respeto a la libertad de cátedra y a las decisiones académicas y con que los claustros de profesores recuperen todas las competencias técnico-profesionales.

Sin el reconocimiento de la autoridad del profesor no puede desarrollarse plenamente el derecho fundamental a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución, que implica para los alumnos el derecho a aprender y para los docentes el derecho a enseñar. Además, reconocer la autoridad del profesor, en su justa dimensión, debe servir también para recuperar la autoridad perdida por los propios padres.