Las áreas con menor grado de transparencia son derechos humanos, corrupción y fiscalidad
MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Ley de información no financiera ha tenido un efecto positivo en la calidad de la información de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las empresas del Ibex-35, que principalmente recurren a la exposición de los logros empresariales y buenas prácticas, pero se alejan del objetivo de rendición de cuentas que busca la ley.
Esta es una de las conclusiones del estudio del Observatorio de RSC, 'La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35. Análisis del ejercicio 2018', presentado este 5 de mayo, en el que se analiza la calidad de la información reportada por las empresas del selectivo en los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y clientes y consumidores. El estudio además pone el foco en el impacto que la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad ha tenido en el reporte de estas empresas.
El análisis concluye que, pese a que la entrada en vigor de la ley 11/2018 ha tenido un efecto de mejora en aquellos aspectos que recoge le ley, la calidad de la información, sin embargo, no alcanza un nivel adecuado en ninguna de las áreas analizadas y no se puede afirmar que las empresas estén cumpliendo con los requerimientos exigidos.
Clientes y consumidores, seguido de los aspectos laborales, son las áreas sobre las que mejor informan las empresas del Ibex-35. Por el contrario, las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con los derechos humanos, corrupción y fiscalidad.
El estudio detalla que la entrada en vigor de la Ley 11/2018 ha supuesto que empresas que el año anterior no informaban sobre determinadas cuestiones, este año han hecho un esfuerzo para incluir la información requerida por la ley en el denominado 'Estado de Información No Financiera' (incluido en el informe de gestión consolidado).
En cualquier caso, al no establecer la ley la metodología de presentación de esa información, la empresa, en la mayoría de los casos, se limita a una descripción genérica sin aportar, datos cuantitativos que mejoren la calidad de la información, prosigue el estudio.
Añade también que la información no resulta homogénea entre el conjunto de empresas analizadas al variar mucho el grado de detalle y por la utilización de indicadores y metodologías dispares que no cumplen, en muchos casos, con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad que exige la ley.
Tampoco se puede considerar que se adapten a los estándares GRI, citados por prácticamente todas las empresas como referencia de reporte para el estado de información no financiera. Estos incumplimientos son omitidos en la práctica totalidad de los casos en la verificación externa del documento, lo que indica que la labor de los verificadores también es manifiestamente mejorable.
En materia de fiscalidad responsable, el análisis realizado por el Observatorio de RSC concluye que, pese a que las empresas del Ibex-35 aportan más cantidad de información sobre su fiscalidad que en años anteriores, la información no es precisa ni cuenta con el desglose suficiente para evaluar el cumplimiento del compromiso con una fiscalidad responsable.
Así de las 18 empresas que tienen presencia en paraísos fiscales, solamente 6 facilitan algún tipo de explicación acerca de los motivos de esta presencia. Mientras, 30 empresas de las 35 del Ibex tienen presencia en nichos fiscales, pero solo 4 (Endesa, Repsol, Banco Santander e Indra) reconocen a efectos fiscales su presencia en estos territorios.
Sobre los impuestos pagados que aportan las empresas, si bien 15 de ellas presentan información del impuesto de sociedades pagado por país, ninguna informa sobre el tipo nominal y el tipo efectivo, cuota, base imponible y resultado contable antes de impuestos por país, aspectos básicos junto con la facturación en el país y el número de empleados para poder verificar si la empresa está o no realizando estrategias de elusión fiscal.
En este punto, los autores del estudio señalan que, en un contexto de crisis social y económica, que va a necesitar de ayudas públicas para afrontar las consecuencias de la crisis, se hace más necesario que las empresas aporten una mayor y mejor transparencia de esta información e indican que países del entorno como Dinamarca, Polonia o Francia, ya han anunciado que aquellas empresas que eludan impuestos a través de paraísos fiscales no serán elegibles para las ayudas económicas tras la crisis del Covid-19.
DEFICIENCIAS EN DDHH, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La rendición de cuentas sobre derechos humanos sigue siendo el aspecto que peor parado sale en el análisis. Así, cada vez son más las empresas que aprueban políticas corporativas en materia de derechos humanos, pero sigue sin haber apenas información sobre cómo garantizan la no vulneración de los derechos humanos, especialmente en sus cadenas de suministro globales.
El estudio alerta de que, en el contexto actual de pandemia por la Covid-19, muchas empresas afrontan un reto extraordinario para seguir desarrollando su actividad pero no deben dejar de asegurar el respeto de los derechos humanos. Instituciones internacionales como el Parlamento Europeo y ONG como European Coalition for Corporate Justice, entre otras, dejan claro que una sólida reconstrucción económica y social debe basarse en una conducta empresarial responsable.
En este área, solo 9 empresas de las empresas analizadas aportan información sobre la realización de auditorías específicas a sus proveedores en materia de derechos humanos. Además, la mayoría de las empresas siguen sin interiorizar que los riesgos en materia de derechos humanos son los originados por sus operaciones o actividades hacia las personas y el medioambiente, y no el riesgo que supone para la empresa bien sea reputacional, legal o penal. Solo 12 presentan información sobre los riesgos identificados y solo 8 además incluyen riesgos derivados de sus relaciones comerciales, productos o servicios.
En la lucha contra el cambio climático, existe un compromiso manifiesto de las empresas del Ibex-35 al respecto pero se circunscribe fundamentalmente a medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Tan solo 7 empresas cuentan con un plan de acción e identifican medidas de adaptación al cambio climático.
Prácticamente todas las empresas aportan información sobre las emisiones de GEI, aunque la evolución es positiva en solo 12 empresas en el caso de emisiones de alcance 1 y de 20 empresas en emisiones de alcance 2. La información sobre otros contaminantes emitidos a la atmósfera es puramente anecdótica. Además, 26 empresas informan de medidas de reducción, pero solo 15 informan del grado de cumplimiento de los objetivos marcados.
Asimismo, 20 empresas presentan un compromiso en materia de Economía Circular, habiendo suscrito muchas de ellas el Pacto por la Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica. De ellas, 15 presentan planes de minimización de residuos, pero solo 7 presentan objetivos cuantificables.
En la lucha contra la corrupción, el análisis pone el foco en que, pese a que las empresas del selectivo cuentan con compromisos y políticas en materia de lucha contra la corrupción, en la mayor parte de los casos no aportan información sobre procedimientos de gestión de los riesgos de corrupción a los que se enfrentan en su ámbito de actividad.
En este sentido, revela que 9 empresas informan que evalúan los riesgos en corrupción, pero son solo 5 empresas las que identifican cuáles son estos riesgos. Además, lamenta que no es posible determinar si las medidas de lucha contra la corrupción que afirman tener las empresas del selectivo están siendo eficaces.
