Directora general de Fundación Hermes, Luisa Alli. - FUNDACIÓN HERMES
MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Control de la inteligencia artificial, protección de menores en la red y facilitar el acceso a los servicios públicos, son algunas de las propuestas que la Fundación Hermes ha incluido en una carta abierta dirigida a todas las candidaturas a las próximas elecciones generales y que está centrada en los derechos digitales.
La carta contempla ocho compromisos para que la ciudadanía conserve y pueda ejercer, también en el entorno digital, los derechos que ya tiene reconocidos fuera de él, ha afirmado la institución en un comunicado.
La iniciativa aborda situaciones cotidianas como solicitar una ayuda, pedir una cita médica, buscar empleo o acompañar a menores en internet, y su objetivo es que "la transformación digital amplíe las oportunidades de todas las personas, con garantías para comprender las decisiones que les afectan, proteger su privacidad y obtener atención y reparación cuando las necesiten".
"Cuando pedimos una ayuda, buscamos empleo o acompañamos a nuestros hijos en internet seguimos siendo ciudadanos con derechos. Queremos que el progreso tecnológico se traduzca en más oportunidades y confianza para todas las personas. Ofrecemos estas propuestas a todas las candidaturas con voluntad de escuchar sus aportaciones y contribuir a acuerdos que mejoren la vida cotidiana", ha afirmado la directora general de Fundación Hermes, Luisa Alli.
La fundación propone comprender y poder recurrir las decisiones administrativas automatizadas. En este marco, aboga por aprobar durante el primer año desde la toma de posesión del Gobierno un marco que garantice información comprensible y revisión humana efectiva, gratuita y con plazo de respuesta.
En segundo lugar, aboga por proteger a los menores desde el diseño de los servicios digitales. Así, pide retomar la iniciativa legislativa sobre protección de menores, con cuentas privadas por defecto, sin publicidad basada en su comportamiento y con la prohibición de mecanismos de diseño adictivo.
En tercer lugar, propone verificar la edad respetando la privacidad. En este punto, pide garantizar alternativas accesibles y el carácter voluntario de la cartera europea de identidad digital, con auditorías independientes de seguridad y privacidad.
En cuarto lugar, aboga por dar una respuesta urgente frente a la violencia digital reforzando la protección penal frente a la creación y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, reales o generadas con inteligencia artificial, y las suplantaciones gravemente lesivas.
SERVICIOS PÚBLICOS ACCESIBLES
Garantizar servicios públicos accesibles es otro de los puntos que recoge Fundación Hermes, que propone reconocer por ley la atención humana, presencial o telefónica, en todos los servicios públicos esenciales, con atención presencial sin cita previa para mayores de 65 años, personas con discapacidad que la necesiten y situaciones urgentes.
Además, pone el foco en proteger los derechos ante los algoritmos en el trabajo. A este respecto, aboga por transponer prioritariamente la Directiva sobre trabajo en plataformas y extender a todas las personas trabajadoras la información comprensible, la supervisión humana y la revisión de decisiones automatizadas con efectos significativos.
Reforzar la capacidad institucional y la ciberseguridad y avanzar en la transparencia de la campaña digital son los dos últimos puntos de la entidad, que, entre otras cosas, quiere publicar un registro accesible de anuncios digitales pagados, identificar contenidos generados o sustancialmente alterados con inteligencia artificial, asumir el compromiso de no difundir 'deepfakes' engañosos de personas candidatas ni utilizar datos sensibles o inferencias que los revelen para segmentar publicidad política.
APORTACIONES, ADHESIONES Y SEGUIMIENTO
Fundación Hermes invita a las candidaturas a compartir su valoración, los compromisos que podrían asumir y las aportaciones que consideren oportunas y propone que el próximo Gobierno impulse las iniciativas pendientes durante sus primeros cien días, aprovechando el trabajo realizado y buscando el máximo consenso, con respeto a los plazos específicos de cada medida.
La Fundación ofrecerá un seguimiento de los compromisos a los cien días de la toma de posesión y después anualmente, basado en datos públicos y una metodología común.
Pueden adherirse a la carta personas a título individual, organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas y asociaciones profesionales que compartan su contenido.