MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El 26% de los directivos españoles justifica el uso de regalos relacionados con el ocio y el entretenimiento a cambio de poder abrir un negocio, un 10% más que hace un año, según la decimosegunda edición del estudio 'Global Fraud Survey 2012' ('Estudio sobre fraude global') realizado por Ernst & Young.
El porcentaje de los que no ponen objeción a los regalos de carácter personal ha pasado del 2% al 12% desde 2011, mientras que los pagos en metálico han descendido del 18% al 12% en el mismo periodo de tiempo.
El informe revela que el 94% de los encuestados considera que la dirección de su compañía estaría dispuesta a tomar "atajos" para conseguir sus objetivos, cuando la media europea está en el 56%.
Pese a que el 60% de los directivos consultados opina que las prácticas corruptas en el entorno empresarial no se producen en España, un 34% sí las reconoce como habituales, frente al 22% de la media en el 'Viejo Continente'.
El socio responsable de Forensic de la firma de auditoría y consultoría, Ricardo Noreña, ha explicado que el actual escenario de la actividad económica "puede generar una relajación en el nivel de compromiso con la ética en los negocios y el consiguiente aumento del fraude, el soborno y la corrupción".
Por otro lado, el estudio destaca que el 46% de los profesionales consultados reconoce que la expansión de las empresas españolas en los países emergentes puede conllevar un aumento de los riesgos relacionados con el fraude y la corrupción, frente al 61% del resto de Europa.
"A la hora de gestionar la relación con los intermediarios, las empresas españolas optan, principalmente, por la comprobación de los antecedentes de terceros por las bases de datos de proveedores aprobados, así como por la verificación de quiénes son los propietarios de la sociedad que tiene relación con la compañía", señala Ernst & Young, aunque matiza que en un porcentaje menor que la media europea.
EL 90% VE NECESARIA UNA MAYOR SUPERVISIÓN
El 90% de los consultados por la consultora afirma que es "necesaria" una mayor supervisión por parte de las autoridades y organismos reguladores con el fin de reducir el riesgo de fraude, soborno y corrupción.
En este sentido, Noreña ha señalado que "sería deseable una mayor concreción de determinados supuestos de la legislación penal y una mejora en los actuales niveles de formación de la Administración de Justicia en relación con el funcionamiento de las empresas, el mundo de los negocios, las finanzas y la contabilidad", a la vez que ha abogado por un "mayor pragmatismo" a la hora de aplicar la ley en aspectos como la búsqueda del dinero defraudado o la reparación del daño causado.
El informe señala que, con el fin de evitar las prácticas fraudulentas, "la mayoría de las compañías afirma haber establecido controles para ello, sin embargo, su efectividad se ve en entredicho".
El 86% de los consultados en España considera que la dirección de la empresa ha comunicado "claramente" su compromiso para prevenir la corrupción y el 74% asegura que dispone de un código de conducta y de políticas que, además, establece las sanciones para quienes las vulneren. Sin embargo, sólo uno de cada dos directivos tiene la impresión de que un empleado es sancionado por la empresa cuando infringe las normas.
Sobre la posibilidad de implantar en España un sistema de incentivos para denunciar conductas fraudulentas a través de canales de denuncia a semejanza del modelo estadounidense, el 62% de los directivos se muestra favorable, frente al 38% del resto de Europa Occidental.
