La Administración de Justicia acuerda la destrucción de más de 1.700 vehículos y embarcaciones del narcotráfico en Cádiz

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el edicto de la Audiencia Provincial en el que se acuerda proceder a la destrucción generalizada de 1.789 vehículos y embarcaciones que se encuentran bajo la custodia de Rent Marín S.L., en su condición de depositaria judicial, tras haber sido intervenidos en operaciones contra el narcotráfico desarrolladas en la provincia de Cádiz.

Según el BOJA, recogido por Europa Press, el edicto de acuerdo de destrucción ha sido firmado por la letrada de la Administración de Justicia, Directora del Servicio Común de Tramitación de la Audiencia Provincial de Cádiz, que recoge el expediente gubernativo incoado, con los correspondientes informes periciales, realizado ante la necesidad de dar destino legal a los 1.789 vehículos y embarcaciones que se encuentran bajo la custodia de Rent Marín S.L. en su condición de depositaria judicial, que, careciendo de valor, suponen un enorme coste para la administración.

Los bienes han sido correctamente identificados mediante una ficha individualizada, fotografiados y peritados por el perito judicial, de forma que se ha posibilitado, sin género de dudas, su posterior identificación, informando este profesional que los reseñados carecen de valor o que su realización es claramente antieconómica, señala como hechos el expediente.

En este sentido, recuerda que fue ratificada la destrucción de los bienes reseñados, por la Sala de Gobierno del TSJA, y se acordó llevar a cabo en virtud del artículo 367 quáter de la Ley de Enjuciamiento Criminal y del Protocolo de Actuación para la Destrucción de Bienes intervenidos que carezcan de valor, su realización sea antieconómica o no sean susceptibles de uso legal.

Así, el acuerdo señala que procede la destrucción generalizada de los vehículos y embarcaciones objeto del expediente, que se encuentran bajo la custodia de Rent Marín, así como que se realice adoptándose las medidas necesarias para atender especialmente a la legislación medioambiental.

Igualmente, manifiesta que debe comunicarse el acuerdo a los órganos judiciales a cuya disposición se encuentren los bienes susceptibles de destrucción, y al resto de los órganos judiciales de la provincia a través de los Decanatos de cada partido judicial respecto a los bienes no localizados en una oficina judicial concreta. A partir de ahí, si en el plazo de un mes los órganos judiciales no manifestasen su oposición a la inclusión del bien en el listado de bienes susceptibles de destrucción, se procederá a darles el destino correspondiente, su destrucción.