Imagen de archivo de una evalución ambiental. - JUNTA DE ANDALUCÍA
SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, realiza al año 230 evaluaciones de impacto en salud con las que se pretenden optimizar el impacto de medidas que toma el Gobierno andaluz sobre la población con la idea de maximizar los efectos positivos, reducir de forma razonable los negativos y distribuir de forma equitativa entre la Comunidad Autónoma.
Este trabajo lo realiza un grupo multidisciplinar de más de 80 personas distribuidas en las ocho provincias, según explica una nota del Gobierno andaluz.
En Andalucía se someten a evaluaciones de impacto los planes y programas sectoriales aprobados por el Consejo de Gobierno con posible repercusión sobre la salud de la población andaluza, entre ellos, los instrumentos de planeamiento urbanístico general, además de algunos de desarrollo, las actividades, así como obras y proyectos sometidos a instrumentos de prevención y control ambiental.
En esa evaluación, las personas promotoras se encargan del análisis y valoración de los impactos en la salud y para ello siguen las guías metodológicas elaboradas por la Consejería disponibles, así como los documentos de apoyo y demás materiales, en la web de la Consejería.
El trabajo de evaluación lo inicia el propio promotor quien debe identificar, describir y valorar los efectos, positivos y negativos, que puede producir la ejecución y puesta en marcha de la actuación y la distribución de éstos en la población y elaborar así la conocida como Valoración de Impacto en Salud (VIS).
Seguidamente, el documento lo evalúa Salud Pública, que tendrá que emitir un informe. Ese texto, tras la evaluación, es preceptivo y vinculante y puede condicionar la viabilidad de la actuación.
En julio, el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Jorge del Diego Salas, presentó los avances desarrollados en Andalucía en materia de evaluación de impacto en salud, en un panel de expertos celebrado en el seno de la Séptima Conferencia Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud en Budapest (Hungría), organizada por la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa.
Andalucía es pionera en establecer requisitos legales para examinar el impacto en la salud de estrategias, planificaciones urbanísticas y actividades y proyectos industriales, en cumplimiento de las previsiones de la Ley de Salud Pública, y por ello se le requiere en encuentros, congresos y jornadas de trabajo para exponer la experiencia adquirida.