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BRUSELAS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha señalado que los requisitos lingüísticos exigidos a profesionales sanitarios en el País Vasco son una cuestión que corresponde a las autoridades nacionales, en respuesta a una iniciativa ciudadana examinada en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el acceso al empleo público en el sistema sanitario vasco.
Durante la discusión, el Ejecutivo comunitario ha subrayado que la UE debe respetar la "identidad nacional" de los países, incluidas sus estructuras constitucionales y administrativas, lo que abarca los regímenes lingüísticos.
En este sentido, ha aclarado que la regulación del uso de las lenguas oficiales ante las administraciones públicas corresponde al Derecho nacional.
Aunque ha recordado que la prohibición de discriminación por motivos lingüísticos está recogida en la Carta de Derechos Fundamentales, ha precisado que su aplicación depende de que los Estados miembro actúen en el ámbito del Derecho de la Unión.
El ejecutivo ha respondido así a una iniciativa presentada por un ciudadano español en nombre del grupo Unidas por la Igualdad Lingüística, que denunciaba que la exigencia de euskera en el acceso a plazas públicas sanitarias puede constituir una barrera desproporcionada para profesionales cualificados y afectar a la calidad de la atención.
Tal y como ha indicado la Presidencia de la comisión de Peticiones, la petición se mantendrá abierta, a la espera de la respuesta por escrito a la Comisión Europea, antes de determinar los próximos pasos en la tramitación del expediente.
En el debate político, la eurodiputada del PP Elena Nevado ha defendido que "los actuales requisitos lingüísticos aplicados en la sanidad vasca pueden vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público". A su juicio, se trata de una exigencia "desproporcionada" en un contexto de falta de profesionales, lo que podría afectar a la atención a los pacientes.
Por su parte, la eurodiputada socialista Idoia Mendia ha defendido que la política lingüística vasca se basa en principios como la libertad de elección de los ciudadanos y la adecuación a la realidad sociolingüística, y ha apostado por aplicar los requisitos de forma "razonable y sensata" para no perder profesionales en un contexto de escasez.
Desde los grupos ECR y Vox, los eurodiputados Diego Adrián Solier y Juan Carlos Girauta han coincidido en denunciar una posible discriminación por razón de lengua y han advertido de que la exigencia lingüística no debe primar sobre la experiencia o la formación, al tiempo que han alertado de su impacto en la calidad del sistema sanitario.