Eider Gardiazábal (PSOE) defiende vincular Fondo Europeo y Estado de derecho, por los "valores" de la UE

Eurodiputada socialista Eider Gardiazabal y candidata a la reelección el 26 de mayo.

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   BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz de la comisión de presupuestos del Parlamento Europeo,

   Eider Gardiazábal (PSOE), que también lidera las negociaciones en nombre de S&D sobre el mecanismo que vinculará el desembolso de fondos europeos a respetar el Estado de derecho, ha destacado que el acuerdo alcanzado con el Consejo Europeo "es muy bueno porque defiende y protege los valores de la UE".

   Lo ha dicho este viernes durante una rueda de prensa telemática organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y presentada por el jefe de la Oficina, Sergi Barrera.

   Gardiazábal ha puesto en valor que las negociaciones con el Consejo han ido muy bien por contenido y tiempo: "Hemos sacado un acuerdo en tres semanas y media".

   Del contenido negociado con el Consejo, Gardiazábal ha destacado la definición en sí de Estado de derecho, que en un primer momento se limitaba a una definición más judicial, y finalmente se ha ampliado con los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la UE, de libertad, democracia, igualdad, derechos humanos y no discriminación, entre otros.

   También se ha acordado que, para actuar con este mecanismo de vincular el desembolso de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, es "suficiente con una única violación del Estado de derecho"; y que se ha incluido una lista de ejemplos, entre los cuales se ha previsto la evasión y el fraude fiscal como supuestos.

   Asimismo, ha dicho que el acuerdo prevé la protección de los beneficiarios finales de esos fondos --es decir, estudiantes de Erasmus, proyectos de investigación universitarios o de innovación en empresas--, mediante un portal web con el que beneficiarios y Comisión Europea podrán tener contacto directo "en caso de reportar problemas en los pagos, sin intermediarios".

TOMA DE DECISIONES

   Respecto a la toma de decisiones sobre la propuesta de sanción a un país por vulneración del Estado de derecho, ha afirmado que se hará por "mayoría política" y que se reducirán los plazos de decisión, de manera que en unos cinco meses el Consejo deberá haber tomado una decisión, y en nueve como máximo.

   Por último, una vez entre en vigor este mecanismo, Gardiazábal asegura que se ha llegado al acuerdo de que al cabo de tres años la Comisión Europea deberá hacer una evaluación de su funcionamiento, y comprometerse a que "aquello que no funcione será reformado por una modificación del Reglamento si fuera necesario".