MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reiterado ante sus homólogos de la UE el rechazo de España a la propuesta de la Comisión para incorporar el gas y la nuclear entre las tecnologías consideradas sostenibles por la Taxonomía Europea.
Así se ha manifestado Ribera durante la reunión informal de ministros de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea, que ha tenido lugar este viernes en Amiens (Francia), tal y como ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado.
"Ni la nuclear ni el gas cumplen los criterios científicos y legales para ser consideradas sostenibles ni recibir el mismo tratamiento que tecnologías incuestionablemente verdes, como la eólica o la solar, y orientan en sentido contrario a las prioridades de un proceso de descarbonización de la economía europea sin riesgos ambientales", ha dicho Ribera en las alegaciones presentadas por España a la propuesta del colegio de comisarios y a la carta suscrita junto con Austria, Dinamarca y Luxemburgo, en el que los cuatro países exponían su rechazo a incluir el gas y la energía nuclear en la Taxonomía.
En este sentido, han recordado que el criterio aplicado al gas, de no emitir más de 270 gramos de CO2/kWh, está por encima de las recomendaciones del IPCC y la AIE y, por tanto, eliminaría de facto el principio de "no causar daño significativo" (DNSH por sus siglas inglesas) establecido en la primera propuesta de Taxonomía.
Por otra parte, desde el Ministerio han reiterado que, respecto a la energía nuclear, el impacto negativo de los residuos radiactivos de alta actividad "está sobradamente documentado" y es incompatible con el DNSH.
Además, han criticado que el tratamiento de dichos residuos conlleva unos costes muy elevados y que "todavía carecemos de una solución probada y definitiva para ellos, tras 60 años de uso de la tecnología", al tiempo que han mencionado el peligro de accidentes como Chernobyl o Fukushima, "referentes claros sobre los riesgos de la energía nuclear".
Por todo ello, la titular de MITECO ha desarrollado en el encuentro que España considera que "la propuesta de la Comisión emite una muy mala señal a los mercados financieros para orientar su inversión hacia tecnología realmente sostenible y con poco riesgo".
Incluso ha advertido que puede reducir significativamente la inversión en fuentes incuestionablemente limpias, de modo que supone una "amenaza" para el proceso de transición energética y la consecución de los objetivos europeos de descarbonización.
PRECIOS DE LA ENERGÍA
En relación a la escalada de precios de la energía y el agravamiento de la situación de crisis en Ucrania, la ministra ha insistido en la necesidad de desarrollar mecanismos que protejan a los consumidores de la volatilidad de las materias primas en los mercados internacionales.
"Vamos a insistir, una vez más, en la importancia de que la UE se plantee en el plan de emergencia qué medidas excepcionales se pueden adoptar en el contexto regulatorio para que esa situación tan complicada respecto al gas no impacte de una manera tan desorbitada también sobre los precios de la electricidad", ha señalado.
Por ello, ha insistido en ir más allá de las propuestas de la Comisión desglosadas en su Comunicación Toolbox, unas iniciativas que se basan en las transferencias económicas procedentes de los presupuestos públicos y de los consumidores con rentas elevadas hacia los consumidores vulnerables y la industria.
Dichas propuestas, "sólo pueden aplicarlas determinados estados, de modo que generan desigualdad, distorsionan la competencia e, incluso, fomentan la deslocalización hacia los países con más cobertura, atentando contra de la unidad de mercado", ha indicado Ribera.
Así, la ministra ha desarrollado el punto de vista de España, que considera que la UE debe dotarse de mecanismos para "devolver las rentas extraordinarias obtenidas del extraordinario precio de la energía a los consumidores, en vez de usar fondos aportados por los contribuyentes o por otros consumidores".
TRANSICIÓN JUSTA Y BOSQUES
Durante la reunión informal, que ha sido convocada por la presidencia francesa de turno, se ha analizado el papel de los impactos en la vida de los ciudadanos europeos del paquete normativo del Fit for 55 por ciento --que fija el compromiso comunitario de reducción del 55 por ciento de emisiones de CO2 para 2030-- y los retos que representa en términos de equidad y justicia social.
Al respecto, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha subrayado que la transición hacia la descarbonización de la economía europea "debe ser justa" y que "sólo tendrá éxito si contamos con el respaldo de la ciudadanía y somos capaces de mostrarles los beneficios y oportunidades de este proceso".
Por lo tanto, ha aclarado que España considera que la propuesta de la Comisión sobre la Transición Justa "proporciona una base sobre la que trabajar", aunque, por otra parte, plantea algunas preocupaciones basadas en la equidad social y el reparto equitativo del esfuerzo para los países y sectores, "además de igualar la cohesión climática de los impactos y riesgos entre el sur y el norte de Europa".
Por ejemplo, Ribera ha esclarecido que se debe estudiar con prudencia la aplicación del mercado de CO2 al transporte y la edificación, o que debe analizarse mejor el reparto del esfuerzo adicional de absorción de CO2 entre los estados miembro.
Igualmente, ha tildado de "imprescindible" que el esquema legislativo en el que pretende avanzar la Comisión "respete las particularidades de cada región, permita flexibilidad a los estados miembros y facilite los fondos suficientes para garantizar una transición inclusiva y la adaptación de los trabajadores y profesionales a los nuevos modelos de negocio en todos los sectores".
En concreto, uno de esos sectores sobre los que ha debatido el consejo informal es el de los bosques y la madera, analizando su papel en las políticas ambientales, energéticas y climáticas de la UE, en referencia a sumideros de carbono y elementos clave para construir resiliencia frente al calentamiento global con soluciones basadas en la naturaleza, o sus usos e implicaciones desde el punto de vista energético como biomasa.
La posición española, según ha mostrado el Ministerio, pone el acento en la necesidad de fijar incentivos económicos y fiscales para conservar los bosques maduros por su capacidad para secuestrar el CO2 y como protectores del suelo y garantes de biodiversidad, así como activar la gestión forestal para una silvicultura sostenible, de gran valor añadido y generadora de empleo, capaz de dinamizar los entornos rurales en riesgo de despoblación.
