MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados un escrito dirigido a los portavoces parlamentarios y a los de la Comisión de Justicia con las propuestas del ICAM respecto a la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Se trata de una norma que el ICAM considera "crucial para asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la efectividad de la tutela judicial".
La propuesta subraya la importancia de la defensa de personas jurídicas en causas penales y la extensión del secreto profesional a todas las formas de ejercicio profesional, incluida la abogacía de empresa, la regulación del amparo colegial, la definición de criterios claros para la retribución de la defensa de personas jurídicas y la transparencia en la determinación de los honorarios legales.
En un esfuerzo por modernizar y adaptar la legislación a la realidad práctica de la profesión, el ICAM aboga por una reforma significativa que reconozca explícitamente el secreto profesional de los abogados de empresa.
Esta medida pretende proteger las comunicaciones entre estos profesionales y sus empleadores con el mismo nivel de confidencialidad que se aplica en la relación abogado-cliente tradicional.
Este cambio legislativo busca reflejar la naturaleza cambiante del ejercicio de la abogacía y la importancia de garantizar la confidencialidad en todos los ámbitos de la práctica legal. Otro punto destacado en la propuesta del ICAM es la regulación del amparo colegial.
Esta iniciativa busca otorgar un marco legal sólido a un mecanismo de protección para los abogados frente a interferencias o abusos que puedan sufrir en el ejercicio de su profesión.
"La regulación del amparo colegial serviría como un importante refuerzo normativo, asegurando que los abogados puedan desempeñar sus funciones con la independencia y la seguridad necesarias para la correcta administración de justicia", explica Eugenio Ribón.
La propuesta del ICAM también enfatiza la necesidad de establecer criterios claros y justos sobre honorarios profesionales. Esta medida pretende introducir una mayor transparencia y equidad en la determinación de los honorarios legales, garantizando que tanto los abogados como los clientes (incluidas las personas jurídicas) tengan claridad sobre los costos asociados a la defensa legal.
El ICAM propone que se fijen criterios orientativos específicos para la tasación de costas, evitando así políticas de precios que puedan perjudicar el libre ejercicio de la abogacía y el acceso a la justicia.
El escrito del ICAM también aborda la importancia de incluir las investigaciones del Ministerio Fiscal dentro del ámbito de la ley, establecer un estándar uniforme de procedimientos judiciales, garantizar una defensa efectiva en todas las etapas del proceso, integrar las exigencias deontológicas en el ejercicio profesional y facilitar el acceso a la justicia con todas las garantías.
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