El ICAM lanza una campaña para reclamar medidas urgentes ante colapso de los juzgados de lo Social

Campaña SOS Social

- ICAM

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) pone en marcha este viernes una campaña institucional para reclamar medidas urgentes ante las demoras que afectan a la jurisdicción social madrileña, con vistas que en algunos procedimientos se fijan para 2029 y 2030 y retrasos que también alcanzan a la tramitación, las resoluciones, los recursos y las ejecuciones.

La jurisdicción social madrileña afronta demoras que se extienden a prácticamente todas las etapas del procedimiento, según ha informado el Colegio en un comunicado. En algunos órganos, determinadas vistas están siendo fijadas para fechas situadas a varios años de la presentación de la demanda, mientras la tramitación previa, el dictado de resoluciones, los recursos y la ejecución soportan también tiempos de espera extraordinarios.

Ante esta situación, el Colegio pone en marcha una campaña para reclamar una respuesta urgente y coordinada de las administraciones y órganos con responsabilidades sobre la jurisdicción social. La iniciativa tendrá también una vertiente pública, con una campaña de sensibilización y una recogida de firmas a través de la web del ICAM.

El ICAM considera que la dimensión del problema exige superar las actuaciones aisladas y establecer un marco de trabajo común entre las instituciones responsables.

Por ello, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, propone una reunión específica en la que participen el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el propio Colegio, con el objetivo de compartir información, delimitar necesidades, acordar medidas y comprobar posteriormente su eficacia.

Con ese objetivo, Ribón se ha dirigido a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín; al TSJM; a la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco; y a la presidenta de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid, María Fátima Beardo.

QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

El Colegio ha registrado asimismo una queja formal ante el Defensor del Pueblo, en la que plantea la dimensión general del problema y solicita actuaciones dentro del ámbito de competencias de esta institución.

"El orden social tutela derechos que inciden directamente en el sustento y en las condiciones de vida de las personas. Por ello, los tiempos de respuesta adquieren una importancia singular en procedimientos de despido, incapacidad, prestaciones o reclamaciones salariales", advierte Ribón.

El diputado del ICAM responsable del Turno de Oficio Juan Manuel Mayllo subraya que la situación no puede analizarse únicamente desde la óptica de la gestión de los juzgados.

"Que el origen de estos retrasos pueda encontrarse en una sobrecarga estructural, en plantillas insuficientes, en la falta de órganos o en limitaciones organizativas y materiales no hace desaparecer la dimensión constitucional del problema. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que esas circunstancias pueden explicar la demora, pero no trasladar sus consecuencias al ciudadano", señala.

Mayllo recuerda, en este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 125/2022, de 10 de octubre, que estimó un recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución.

"La doctrina constitucional obliga a valorar las circunstancias de cada procedimiento, pero establece un principio esencial: los problemas estructurales de la Administración de Justicia no convierten por sí mismos en razonable una espera excesiva. Corresponde a los poderes públicos dotar al sistema de los recursos necesarios para que los tribunales puedan responder dentro de plazos compatibles con el derecho fundamental a la tutela judicial", explica el diputado del ICAM.

La situación detectada por la abogacía madrileña afecta a distintas etapas del itinerario procesal. Existen procedimientos cuya tramitación inicial permanece pendiente durante meses; asuntos prioritarios cuya vista se fija con años de demora; reprogramaciones que prolongan todavía más la espera; retrasos después de celebrada la vista; dificultades en la preparación y remisión de recursos de suplicación; y ejecuciones cuya duración aplaza la efectividad práctica de derechos que ya han sido reconocidos judicialmente.

A ello se añaden problemas de funcionamiento cotidiano que amplifican las consecuencias del atasco: jornadas con una elevada concentración de vistas, incidencias que obligan a reprogramar actuaciones y dificultades para compatibilizar la asistencia de los profesionales cuando coinciden procedimientos en diferentes órganos.