El ICAM pide reformar el Código Civil para regular "expresamente" el uso de la vivienda en casos de custodia compartida

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha subrayado este viernes la necesidad de reformar el Código Civil para regular "expresamente" el uso de la vivienda familiar en casos de custodia compartida.

En su II Congreso de Familia y Sucesiones, celebrado durante este jueves y viernes, la institución colegial puso de manifiesto que, pese a que la custodia compartida ya es mayoritaria en los divorcios con hijos en los que debe decidirse sobre su guarda, la legislación "sigue sin ofrecer una regulación específica" sobre una de las cuestiones que más conflictos genera tras una ruptura como es el uso de la vivienda familiar.

En este sentido, la vicedecana del Colegio, Isabel Winkels, ha reclamado una actualización legislativa "que permita corregir las deficiencias que todavía afectan a los procedimientos de familia, infancia y capacidad", especialmente cuando "la falta de previsiones normativas específicas obliga a los tribunales a resolver mediante criterios jurisprudenciales situaciones cada vez más frecuentes".

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2025, citados por el ICAM, la custodia compartida se acordó en el 50,8% de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo en los que se decidió sobre la custodia de hijos menores, frente al 49,7% del año anterior.

Sin embargo, según han recordado desde la institución colegial, el artículo 96 del Código Civil, que regula la atribución del uso de la vivienda familiar tras la ruptura, no contempla expresamente una solución específica para los supuestos de custodia compartida.

En este contexto, Winkels ha señalado que esta falta de adaptación normativa resulta "especialmente problemática" en una materia en la que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tenido que ir estableciendo criterios "para resolver situaciones que no encuentran una respuesta expresa en la legislación".

"La atribución del uso de la vivienda familiar constituye uno de los principales focos de controversia, tanto por su vinculación con los regímenes de guarda y custodia como por las consecuencias patrimoniales para los progenitores", han remarcado desde el ICAM.

En este sentido, magistrados y especialistas han analizado durante el congreso las soluciones jurisprudenciales aplicables a estos conflictos mediante la resolución de un caso práctico, poniendo de manifiesto la complejidad de una cuestión en la que confluyen los derechos de los menores, las necesidades habitacionales de los progenitores y la titularidad de los inmuebles.

LA REALIDAD ECONÓMICA

A esta dificultad jurídica se suma una realidad económica que está agravando las consecuencias de las rupturas familiares. Al hilo, la presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, ha advertido de que el incremento de los precios de compra y alquiler en Madrid "está complicando especialmente" las situaciones de custodia compartida, que requieren organizar la convivencia de los hijos entre dos hogares.

"Tenemos un verdadero problema en este momento porque en Madrid han subido sustancialmente tanto los alquileres como los precios de compra de las viviendas", ha señalado Zabalgo, quien ha advertido de las dificultades que supone para muchas familias asumir el coste de dos domicilios después de una separación o divorcio. "Y eso no es sostenible ante un divorcio", ha apostillado.

Según ha explicado, esta situación está trasladando a los juzgados nuevos conflictos relacionados tanto con la atribución inicial de la vivienda como con la extinción del derecho de uso.

Una problemática, ha indicado, que evidencia cómo las dificultades de acceso a la vivienda se proyectan directamente sobre los procedimientos de familia y obligan a buscar soluciones jurídicas para situaciones que afectan a la estabilidad económica y personal de los progenitores y de sus hijos.

REFORMAS PENDIENTES Y NUEVAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN

En esta línea, Winkels ha apuntado que las dificultades relacionadas con la vivienda forman parte de una problemática más amplia exige revisar distintos aspectos de la regulación del Derecho de Familia.

Así, la vicedecana ha situado entre las reformas pendientes la extensión de la especialización judicial en familia, infancia y capacidad a todo el territorio nacional.

Desde el ICAM han indicado que, aunque la implantación de los Tribunales de Instancia ha supuesto "avances" en el reconocimiento de esta especialidad, todavía "persisten diferencias territoriales" que determinan que los ciudadanos puedan acceder o no a órganos judiciales especializados en función de su lugar de residencia.

Otra de las cuestiones que para el ICAM continúan generando dificultades es la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en determinados procedimientos de familia. Sobre este punto, la vicedecana ha reiterado que este requisito está provocando "dilaciones e inseguridad jurídica" que pueden perjudicar especialmente a los menores y a las personas en situación de vulnerabilidad.

En esta línea, ha recordado el compromiso del Colegio de seguir reclamando su supresión en los procedimientos afectados, una reforma cuya tramitación parlamentaria quedó interrumpida por la convocatoria electoral.

Frente a estas deficiencias, Winkels ha defendido la necesidad de impulsar cambios legislativos que acompasen la regulación con las necesidades reales de las familias y con los criterios que están desarrollando los tribunales. "Seguiremos impulsando la modificación legislativa precisa para corregir cada una de las disfunciones que siguen operando en el derecho de familia, infancia y capacidad", ha apuntado.

El congreso también ha puesto de relieve la importancia de anticipar determinadas situaciones jurídicas para evitar conflictos futuros, especialmente en el ámbito de la discapacidad y el envejecimiento. En este sentido, la vicedecana ha destacado la necesidad de promover instrumentos como los poderes preventivos y las medidas voluntarias de apoyo que permiten a las personas establecer anticipadamente quiénes desean que les presten asistencia y cómo quieren que se articulen esos apoyos si en el futuro los necesitan.

Asimismo, ha subrayado la creciente complejidad de los procedimientos familiares con elementos internacionales, que exige un conocimiento especializado de las normas de Derecho internacional privado, los convenios internacionales y los criterios para determinar la competencia judicial y la legislación aplicable en cada caso.