Ararteko pide eliminar la obligación de usar programas informáticos para realizar trámites tributarios presenciales

VITORIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ararteko ha pedido a la Diputación Foral de Álava que no imponga el uso obligatorio de programas informáticos para presentar las autoliquidaciones de impuestos de forma presencial.

El Defensor del Pueblo vasco ha emitido una recomendación dirigida al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, en la que le plantea esta petición.

De esa forma, insta al Gobierno foral a que "elimine la obligatoriedad" de utilizar un programa informático específico para confeccionar autoliquidaciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuando la presentación se realiza de forma presencial.

Esta recomendación parte de la queja de un ciudadano que, al no disponer de conocimientos informáticos ni recursos técnicos, no pudo completar el trámite sin asistencia suficiente por parte de la Administración.

El Ararteko considera que imponer el uso exclusivo de una herramienta digital en trámites presenciales "vulnera el derecho de las personas físicas a elegir el canal de relación con la Administración".

Además, advierte de que una orden foral "no puede restringir derechos sin una habilitación legal expresa", y que las administraciones "deben justificar con criterios objetivos y verificables cualquier obligación de usar medios electrónicos".

En el caso analizado, el ciudadano se vio forzado a instalar un programa informático en su propio ordenador o a utilizar un equipo público sin asistencia personalizada, lo que llevó al Ararteko a concluir que no se garantizaron condiciones de accesibilidad adecuadas.

BRECHA DIGITAL

En la resolución se invoca también el principio de buena administración y se advierte sobre los efectos discriminatorios de la brecha digital, si no se ofrecen alternativas accesibles ni soporte suficiente.

El Ararteko ha insistido en la necesidad de que las administraciones públicas "coloquen a la ciudadanía en el centro de sus modelos de atención, asegurando tanto canales presenciales como digitales que respeten los principios de legalidad, accesibilidad, gratuidad y no discriminación".

Además, ha recordado que muchas personas, especialmente mayores o con escasa formación digital, "pueden verse excluidas si no se contemplan sus necesidades específicas".