BILBAO, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, ha considerado que las instituciones vascas deben cuantificar el coste para el erario público que han supuesto "las decisiones erróneas" adoptadas en relación a las denominadas 'vacaciones fiscales' y, luego, asumir responsabilidades.
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Sordo se ha referido, de esta forma, a la multa de 30 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España por la demora de las diputaciones forales vascas en la recuperación de los incentivos tributarios ilegales concedidos a varias empresas en la década de 1990, las llamadas 'vacaciones fiscales'.
Tras destacar que el sindicado "nunca ha compartido el esquema de que, para competir en una economía real, había que ir a un sistema de ayudas difícilmente explicable o a un sistema de reducción de impuestos a las empresas", ha dicho que es un sistema "perverso y condenado al fracaso en una economía global porque siempre va a haber alguien o que ayude más que tú o que recorte impuestos más que tú, en un economía donde ya estamos en el mismo escenario económico que los países del Este o del Sudeste asiático".
Según ha precisado, la cuestión que critica CC.OO. Euskadi es "el 'sostenerla y no enmendarla' de las administraciones vascas porque esto viene de los años 90, en un contexto muy complicado de desindustrialización, de pérdida de competitividad y puestos de trabajo en un montón de empresas, y de existencia de ETA, cuando se hicieron una serie de decisiones que el tiempo ha demostrado que eran erróneas, que eran contrarias a la normativa en la UE y así se ha acabado demostrando".
A su entender, las instituciones vascas, "en todo este tiempo, tenían que haber buscado una salida mucho más propicia para los dineros públicos y para la propia situación de las empresas, y no lo hicieron, y en ese 'sostenerla y no enmendarla' es en lo que hemos terminado en esta semana".
Sordo ha considerado que las instituciones y los responsables políticos "tienen que asumir responsabilidades". Por ello, primero ha pedido que se cuantifique lo que esto ha supuesto para las arcas públicas, "no ya para lo que las empresas han tenido que ir devolviendo a lo largo de los años, sino para las arcas públicas en clave de multas e intereses de demora, y, una vez que se cuantifique cuánto ha supuesto esa actitud de las instituciones vascas", se deben asumir responsabilidades políticas, "que muchas van a ser de gente que ya no está en sus puestos".
MODELO "ERRÓNEO"
Por otro lado, Sordo ha dicho que "el modelo de competencia en base a desfiscalización o ayudas a las empresas es erróneo, es un modelo que hay que hacer compatible con la pertenencia a un marco europeo".
En su opinión, tiene que haber "un mínimo común en el conjunto de la UE sobre tipos de impuestos a las empresas, tipos impositivos, y que el tema de las deducciones fiscales no se convierta en una subasta entre unos países y otros, porque esto acaba deteriorando los sistemas públicos".
Según ha añadido, "sobre ese mínimo común, luego se debe poder ejercer la competencia fiscal en cada Estado o, en nuestro caso, en cada uno de los territorios de la Comunidad Autónoma Vasca".
Tras insistir en la necesidad de "ese mínimo común en el conjunto de la UE para evitar competencias a la baja y, luego, complementar con políticas fiscales propias", ha reiterado que "el esquema de la competencia en base a eliminar costes, solo acaba deteriorando el modelo social, las propias condiciones de vida de la gente y siendo una cierta apuesta por eso que llamamos la asiatización de Europa".
