CEAR en Euskadi ha asesorado jurídicamente a 127 personas refugiadas en el trámite de extensión familiar en 2025

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

CEAR en Euskadi ha asesorado jurídicamente durante este año a 127 personas refugiadas en el trámite de extensión familiar. La ONG ha reclamado que se garantice a los refugiados "el derecho a vivir en familia" y que se adopten "medidas urgentes" que lo posibilite.

En el Día Internacional de las Personas Migrantes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi denuncia "las barreras legales, administrativas y económicas" que tienen que superar las personas refugiadas para que se les garantice "el derecho a la unidad familiar y a vivir en familia", de conformidad con el marco jurídico internacional y europeo.

En un comunicado, la ONG destaca que la reunificación familiar es "una de las vías legales y seguras" a las que se pueden acoger "para reencontrarse con sus seres queridos y que, en caso de que sea necesario, se les garantice la protección internacional, ya que pueden sufrir la misma persecución en países de origen y tránsito".

Sin embargo, señala que la reunificación familiar sigue siendo "un proceso lento que puede llevar tiempos de espera de años", y que plantea "numerosos desafíos prácticos", como los "elevados costes" que suponen los billetes de viaje o la expedición de documentación requerida.

A esto, añade "los requisitos restrictivos" para poder beneficiarse de este derecho, y lamenta que la legislación española incluya solo en la extensión o reagrupación familiar a los ascendientes en primer grado (padre y madre), descendientes en primer grado menores de edad (hijos e hijas), cónyuges y personas asimiladas, y miembros de la familia respecto de los cuales se acredite la dependencia y la existencia de convivencia previa en el país de origen.

A su juicio, esto "deja fuera a muchas personas" con grado de parentesco cercano o que no puedan acreditar la dependencia y la convivencia previa con la interpretación restrictiva de la Administración.

AFGANOS Y PALESTINOS, "LO MÁS AFECTADOS"

CEAR Euskadi subraya que, a estas barreras, se suman otras específicas en función del contexto y de los países de origen. En el caso de las personas afganas, según subraya, a la dilatación del proceso se añaden "importantes impedimentos burocráticos para conseguir cita en la embajada española en Irán, así como criterios restrictivos para la expedición del visado".

Mientras tanto, precisa que los miembros de la familia a reagrupar se encuentran esperando durante meses en Afganistán o en terceros países como Irán o Pakistán, "donde su vida, integridad y derechos humanos están en peligro debido a las expulsiones masivas que están sufriendo".

Tal como explica, es el caso de Mahdia Bahrami, una mujer afgana que, tras tres años de espera y gracias al apoyo jurídico de CEAR, logró traer a Euskadi a su hermana y a sus tres sobrinas. "Todos los días estaba mandando mensajes para saber qué podía hacer. Aquí, por fin, están a salvo: podrán ir al colegio, vivir tranquilamente sin preocuparse por las bombas o de los talibanes. Allí vivían con depresión, porque no hay ningún futuro para ellas en Afganistán", señala Bahrami.

Para las personas palestinas de Gaza que tienen reconocida la extensión familiar, subraya que el proceso "es incluso aún más complejo porque sus familias permanecen atrapadas en la Franja, debido al cierre de los pasos fronterizos y a la negativa de Israel de permitir su salida".

"Soy incapaz de pensar en un futuro sin mi marido", comenta Tahreer Abuyami, una mujer gazatí que fue evacuada junto sus hijos e hijas para que pudieran recibir tratamiento médico de urgencia en Euskadi y que defiende su derecho a estar con su familia. "No hay vida sin mi familia. Separarme de mi familia por la fuerza es un delito", denuncia.

MEDIDAS URGENTES

Ante estas situaciones, CEAR reclama que las futuras reformas legislativas necesarias para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entrará en vigor en junio de 2026, "refuercen el derecho a la vida en familia de las personas refugiadas".

Para ello, considera "necesarias medidas urgentes, como que se habiliten vías legales y seguras para que ninguna familia tenga que arriesgar su vida, así como ampliar la extensión familiar a parientes cercanos, incluyendo como miembros de la familia a hermanos y hermanas, hijos e hijas mayores de 18 años y personas adultas dependientes.

También pide que se establezca un plazo máximo de tres meses para la tramitación de la extensión familiar desde un tercer país y, en el caso de superar dichos plazos, efectuar el traslado por silencio administrativo; o facilitar "salvoconductos" a las personas reagrupadas en los casos en que no puedan obtener o renovar su pasaporte. Mientras tanto, la ONG pide apoyo ciudadano través de la campaña 'El abrazo más esperado'.