Advierte de que la gestión del pasado es "la parte más compleja de un proceso de reconstrucción de la convivencia"
BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha afirmado que nunca "es posible un acuerdo completo de interpretación sobre el pasado", pero sí lo es "fijar unos mínimos". Asimismo, ha reconocido que la gestión del pasado es "la parte más compleja" de un proceso de reconstrucción de la convivencia.
Fernández ha participado en las jornadas sobre experiencias internacionales en la gestión de la memoria que este sábado se han celebrado en Bilbao y que han contado con la participación de la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, el politólogo Rainer Huhle y el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona Richard Vinyes. El seminario ha sido organizado por por
el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora.
Asimismo, entre los asistentes a las jornadas han estado el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate, los secretarios generales de EA y Podemos, Pello Urizar y Roberto Uriarte, respectivamente, y los parlamentarios de EH Bildu y PSE, Julen Arzuaga y José Antonio Pastor, entre otros.
En su intervención, Jonan Fernández ha subrayado que la memoria es "compleja" y ha incidido en que no es lo mismo política publica de memoria, de víctimas y de derechos humanos.
En este sentido, ha remarcado que la política publica de memoria consiste en trabajar en lo ocurrido para compartir un diálogo sobre lo que no "debe volver a repetirse", mientras que la política publica de víctimas se centra en desarrollar los derechos de "verdad, justicia y reparación", por lo que, aunque relacionadas, tienen un "campo de actuación diferente".
"También se suelen mezclar conceptos como memoria y homenaje. El reconocimiento en materia de memoria es recordar lo que lo ocurrió y no debe volver a ocurrir, mientras que el homenaje es poner en valor algo ocurrido en el pasado", ha aclarado.
Tras advertir que en el País Vasco se ha comenzado hace cuatro años "una nueva etapa", ha considerado que es "normal" el hecho de que haya "cierta confusión y los debates vayan a trancas y barrancas", ya que se necesita "tiempo".
Además, ha reconocido que la realidad sociopolítica vasca tiene el problema de que existen diferentes lecturas sobre el pasado y diferentes maneras de entender cómo se debe hacer una política pública de memoria.
"CULPA, RESPONSABILIDAD Y SUFRIMIENTO"
"La gestión del pasado es la parte más compleja de un proceso de reconstrucción de la convivencia porque en el pasado se encuentra el diagnóstico de la culpa, la responsabilidad, el sufrimiento y diferentes lecturas sobre la génesis de lo ocurrido", ha indicado, para añadir que hay que aceptar que "nunca es posible un acuerdo de interpretación completo sobre el pasado", pero sí fijar unos mínimos.
En este contexto, ha subrayado que la ley de creación de Gogora señala que la memoria en nuestro país "responde a la voluntad de compartir una reflexión crítica ante los acontecimientos de nuestra
historia reciente que supusieron una violación de derechos humanos sostenida y socialmente traumática", en referencia a "la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos".
Asimismo, ha reconocido que ello contrapone dos "temores" diferentes: "el de una parte de la sociedad a que unos acontecimientos se utilicen para diluir otros y el temor de otra parte a que la diferencias entre diferentes acontecimientos violentos se utilicen para hacer discriminaciones entre víctimas".
"El Instituto ha de gestionar la memoria de acontecimientos traumáticos diferentes, con lecturas divergentes y con el nexo común de contener un dramático balance en vulneraciones de los derechos humanos y en particular del derecho a la vida", ha valorado.
De este modo, ha remarcado que la política pública de memoria consiste en promover un diálogo libre entre memorias cuya base sea el "respeto al pluralismo". Según ha resaltado, este diálogo necesita como reglas mínimas rechazar la legitimación de cualquier violación de derechos humanos del pasado, no excluir ni compensar acontecimientos violentos distintos, y asumir que cada hecho violento requiere una valoración crítica autónoma y diferenciada.
Por último, ha apostado por orientar la política pública de memoria hacia una convivencia "democrática e inclusiva, rechazando cualquier forma de equiparación compensatoria entre distintas formas de violencia y promoviendo sin discriminaciones una reflexión crítica sobre cada una de ellas", ya que "cada acontecimiento violento necesita una crítica propia, autónoma y explícita".
