La fiscal superior denuncia que los juzgados vascos son "prácticamente los últimos" del Estado en medios tecnológicos

VITORIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha denunciado que el "retraso" tecnológico que sufren los juzgados vascos sitúa a Euskadi "prácticamente como la última" comunidad autónoma en la adaptación de la Administración de Justicia a las nuevas tecnologías.

Adán ha lanzado esta advertencia en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Parlamento Vasco, en la que ha alertado del "enorme" incremento en las denuncias anónimas por presuntos delitos de corrupción, y de que los casos de abusos sexuales contra menores de edad se mantienen en cifras "no razonables".

En su comparecencia, Adán ha presentado la memoria de la Fiscalía del País Vasco correspondiente a 2019. Este informe, que se publicó el pasado mes de septiembre, indica que el año pasado se incoaron en los juzgados de Euskadi 37.604 diligencias previas, frente a las 36.569 del año anterior, lo que supone un aumento del 2,83%.

La fiscal superior del País Vasco ha dedicado buena parte de su intervención a denunciar la falta de recursos y de financiación que padecen los juzgados de la comunidad autónoma.

"RESPUESTA DEFICITARIA"

Aunque esta es una crítica habitual de los responsables del Ministerio Público en sus comparecencias en el Parlamento, la queja planteada en esta ocasión por Adán ha resultado más contundente que en años anteriores. "Si seguimos sin medios, la respuesta [de la Justicia] será siempre deficitaria", ha llegado a afirmar.

Adán ha explicado que la situación motivada por la pandemia, especialmente en lo que se refiere al incremento del volumen de teletrabajo debido a la limitación de la actividad presencial, ha "acentuado" y puesto aún más en evidencia los problemas que afectan a los juzgados vascos.

De esa forma, ha informado de que durante los meses del primer estado de alarma decretado por causa del coronavirus "las conexiones fallaron" entre los distintos órganos judiciales, las grabaciones de declaraciones y juicios "no se realizaron", y resultaba "prácticamente imposible" realizar todas las videoconferencias que se solicitaban.

Además, los jueces, fiscales y funcionarios carecían de firma digital, por lo que no podían realizar trámites oficiales desde sus casas, mientras que seguía padeciéndose una "falta total" del sistema de expediente electrónico

"Esta comunidad autónoma tiene un retraso; es prácticamente la última en la adaptación de la Administración de Justicia a los medios tecnológicos", ha asegurado.

"PARCHES" Y "CARENCIAS"

Adán ha afirmado que mientras en otras comunidades autónomas hubo una respuesta "en cierto modo rápida" a la situación derivada de la pandemia, en Euskadi se recurrió a "parches" y todas las "carencias" que ya sufrían los juzgados vascos quedaron aún más de manifiesto.

Además, pese a los "compromisos" que mostraron las autoridades para revertir esa situación, ha manifestado que los jueces, fiscales y funcionarios de justicia de Euskadi siguen sin contar con unos ordenadores portátiles que resultan "absolutamente necesarios" para el desempeño de su trabajo.

La fiscal superior ha censurado, asimismo, que la aplicación informática con la que trabajan los juzgados de Euskadi está "obsoleta", y que los atestados policiales siguen llegándoles "en papel".

"Queremos una Justicia de calidad, pero o nos dan los medios o no podremos llegar a eso que se nos pide", ha advertido. Adán ha lamentado que pese a los años transcurridos desde que se empezó a reclamar una mayor inversión, la Administración de Justicia de Euskadi "sigue a la espera" de que eso se produzca.

Por otra parte, ha informado que el año pasado se produjo un incremento "enorme" en el número de denuncias anónimas presentadas ante los órganos judiciales. La mayoría de dichas denuncias está relacionada con adjudicaciones irregulares de contratos públicos u otros delitos "generalmente asociados" a la corrupción institucional y política, según ha explicado.

SIN "SOPORTE DOCUMENTAL"

No obstante, Carmen Adán ha informado de que en la medida en que tales avisos no suelen ir acompañados de un adecuado "soporte documental", los fiscales "generalmente" deben archivarlas, puesto que la legislación prohíbe realizar las llamadas investigaciones prospectivas.

En todo caso, ha reiterado la necesidad de implementar medidas para reforzar la protección de las personas --especialmente funcionarios públicos-- que denuncian prácticas irregulares de las administraciones o empresas.

Adán también se ha referido a otro tipo de delitos, como los abusos sexuales sobre menores de edad, respecto a los que ha afirmado que se mantienen "en términos no razonables".

Asimismo, ha afirmado que en Gipuzkoa "prácticamente se doblaron" las denuncias por casos de usurpaciones de inmuebles. La fiscal superior ha reconocido que en ocasiones, la Justicia no responde de forma "suficientemente rápida" ante casos de ocupación ilegal de viviendas.

DESALOJOS

No obstante, ha explicado que en estas situaciones es necesario diferenciar entre el delito de allanamiento de morada, en el que lo que se protege la "inviolabilidad del domicilio", y el de usurpación de inmueble, en el que se protege el patrimonio.

Adán ha explicado que la necesidad de constatar la "oposición expresa" del titular de la vivienda a la presencia de otras personas en la misma "ralentiza mucho" los procedimientos e impide dar una respuesta ágil.

Sin embargo, ha recordado que la Fiscalía General del Estado ha emitido una instrucción en la que insta a que, desde un inicio, se adopten "medidas cautelares de desalojo" de viviendas que hayan sido ocupadas de forma irregular.