Retrasará la aplicación de multas "hasta que la realidad sociolingüística lo aconseje"
VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco demorará la aplicación de sanciones a los comercios afectados por el Decreto sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias --que establece la obligación de atender y rotular en euskera para determinadas empresas-- "hasta que la realidad sociolingüística lo aconseje".
Este decreto, aprobado en julio de 2008 por el gobierno de Juan José Ibarretxe, establece una serie de obligaciones lingüísticas para determinadas empresas --en función de su tamaño o ubicación, entre otros factores--, como la necesidad de que parte de su personal esté capacitado para atender en euskera y castellano o de incluir ambas lenguas oficiales en su rotulación.
El decreto otorgaba un plazo de dos años para adaptarse a la normativa, el cual terminará el próximo 17 de julio. En la pasada legislatura, el PSE-EE y el PP se pronunciaron en contra de los contenidos de la norma referidos a las obligaciones lingüísticas y a las sanciones que imponía.
Por su parte, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, presentó ayer una proposición no de ley en la que insta al Gobierno vasco a adoptar las medidas y actuaciones necesarias para proceder a la "inmediata" derogación del decreto, al considerar que "supone una intolerable injerencia del Estado en el ámbito privado de las personas".
El Ejecutivo autonómico, a través de un comunicado, mostró hoy su intención de "establecer los mecanismos legales apropiados para que el aspecto sancionador del Decreto sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias no tuviese repercusiones sobre las empresas, entidades y establecimientos abiertos al público a los que se hace referencia en dicha norma".
El Gobierno afirmó que, a través del Departamento de Sanidad y Consumo y del Departamento de Cultura, "ha venido trabajando en la búsqueda de la solución legal más adecuada y efectiva para demorar la aplicación de las sanciones hasta que la realidad sociolingüística lo aconseje".
Con ese objetivo, se procederá a modificar el Decreto sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias aprobado en 2008. "Ha sido y es intención de este Gobierno mantener su apoyo a cuantas medidas contribuyan al fomento del uso del euskera en todos los ámbitos de nuestra sociedad, siempre desde el punto de vista del acuerdo, buscando la adhesión de la ciudadanía desde la persuasión y no desde la imposición", añadió el Ejecutivo.
