Gobierno vasco ejercerá de acusación popular en el caso de la agresión a trabajadores senegaleses en Lantarón

SAN SEBASTIAN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Gobierno vasco ha dado el visto bueno a que éste ejerza, a propuesta de la consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, la acusación popular en el caso de la agresión a los trabajadores senegaleses en Lantarón (Alava) con el objetivo de impulsar las medidas de lucha contra el racismo que constan en el ordenamiento jurídico penal español.

El lehendakari, Patxi López, que ha comparecido en San Sebastián, al término de la primera reunión del Consejo de Gobierno, tras el periodo estival, y que se ha celebrado, como viene siendo habitual, en el Palacio Miramar donostiarra para dar inicio al curso político, ha explicado su Ejecutivo estará en aquellos hechos en los que "pueda presentarse contra la injusticia y a favor de los derechos humanos".

Zabaleta ha planteado al Consejo de Gobierno la necesidad de que el Gobierno vasco se persone en el caso "atendiendo a la gravedad de los hechos y su motivación xenófoba, al deber del Gobierno de velar por la convivencia y de luchar contra el racismo y considerando la relevancia social de este caso".

El pasado 14 de julio de 2010 se produjo una grave agresión contra cuatro trabajadores de origen senegalés en el polígono industrial de Lantarón (Alava). El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, a través de su Dirección de Inmigración, mostró su rotunda condena de los hechos, así como su solidaridad con las personas afectadas y con el conjunto de la comunidad senegalesa que vive en Euskadi.

El Ejecutivo vasco ha destacado que "el racismo y la xenofobia atentan frontalmente contra los valores básicos de convivencia y respeto a la diversidad en Euskadi, y la lucha contra dichas lacras ha de ser una prioridad en aras del mantenimiento de la cohesión social".

Además, ha indicado que el ataque de Lantarón es uno de los primeros casos de agresiones racistas en la Comunidad Autónoma y, por eso, "conlleva una fuerte carga simbólica y la acción de la Justicia puede sentar precedente y ejercer pedagogía social a favor de valores básicos". Por todo ello, ha considerado que su acción debe de ser "firme y decidida en la defensa de los valores comunes de convivencia".