SAN SEBASTIÁN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los transportistas autónomos vascos agrupados en el sindicato Hiru han mostrado su "incredulidad" ante el anuncio por parte de la Diputación foral de Gipuzkoa de que "no va a atender las reclamaciones sobre los peajes cobrados irregularmente en las carreteras A-15 y N-1 mediante unas normas que fueron anuladas posteriormente por los tribunales".
Según ha censurado Hiru, "del afán recaudatorio que se evidenció cuando se implantaron los peajes a los camiones en las carreteras guipuzcoanas, se ha pasado al afán confiscatorio de quedarse con el dinero que no les corresponde".
Los transportistas autónomos han considerado que es "una irresponsabilidad que se salten las sentencias judiciales" y han insistido en que "debían haber devuelto las cantidades cobradas irregularmente desde principios de 2018 y que la devolución se realizara de oficio a todos los transportistas afectados, ya que les cobraron automáticamente cada vez que pasaban por los arcos dispuestos para tal efecto y tienen todos los datos".
"Se negaron a la devolución automática diciendo que sólo atenderían a las reclamaciones realizadas individualmente y ahora ya están diciendo que tampoco las atenderán, lo que obligará a los transportistas a iniciar un proceso en los tribunales", han asegurado.
Los transportistas de Hiru han presentado desde noviembre 123 reclamaciones, por un importe total que rondan los 600.000 euros, en Sede Electrónica de Diputación dentro del plazo de un año posterior a que se dictara la sentencia que anulaba el peaje. "Están diciendo que todas las reclamaciones han sido desestimadas pero ninguno de los afectados del sindicato Hiru ha recibido respuesta alguna de momento a su reclamación", han apuntado.
"COSTE ELEVADO"
Hiru ha criticado, asimismo, el "elevado coste que está provocando, el incumplimiento reiterado, actitud irresponsable y mala gestión" de los responsables de Bidegi y de la Diputación, que, "en definitiva, recae en la ciudadanía de Gipuzkoa que pagará las consecuencias del desaguisado que comenzó en enero del 2018: inversiones realizadas en los arcos inhabilitados, los gastos del personal contratado, los costes de todos los procesos judiciales, las devoluciones de los cobros irregulares, posibles sanciones o recargos".
El sindicato ha pedido reiteradamente que la Diputación de Gipuzkoa "renuncie definitivamente a la recaudación de fondos mediante sistemas de peajes a camiones" y ha vuelto a insistir en que las carreteras "son bienes públicos y los transportistas realizan un trabajo esencial para la sociedad y las empresas, por lo tanto se deberían financiar con el dinero de todos".
Sin embargo, la institución foral "pretende volver a cobrarlo dentro de unos meses y en todos los tramos de las citadas carreteras". "Además de ignorar las sentencias judiciales, están jugando con el dinero público y castigando a los transportistas que realizan un servicio publico esencial", ha reiterado.
Finalmente, los transportistas del sindicato Hiru han anunciado que seguirán exigiendo la devolución automática y, "ante las negativas de la Administración", presentado recursos en los tribunales.