Inspección de Trabajo ve causa de disolución en Tubos Reunidos sin apreciar indicio de fraude en la tramitación del ERE

BILBAO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El informe de Inspección de Trabajo no aprecia "indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho" durante la tramitación del ERE de Tubos Reunidos y constata un "deterioro significativo" de la situación económica de la empresa, existiendo "causa legal de disolución", según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de su contenido.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tubos Reunidos establece en 242 las salidas voluntarias, tras decidir no aplicar el expediente a los 41 eventuales convertidos a fijos que rehusaron acogerse a las medidas. Un total de 179 personas pertenecen a Amurrio (Álava) y 63 a Trapagaran (Bizkaia).

El informe señala que la evolución negativa de los resultados económicos evidencia una situación de pérdidas. En concreto, en 2025 Tubos Reunidos perdió 118,1 millones y elevó su deuda financiera a 263,2 millones.

En relación con la causa económica alegada, Inspección de Trabajo señala que en el análisis se observan perdidas en las cuentas anuales de los últimos ejercicios económicos y, en concreto, del estudio de las correspondientes a 2023, 2024 y 2025 se observa "un deterioro significativo" de la situación económica de TRG. Según indica, se ha dado un "empeoramiento sustancial de la rentabilidad" de la sociedad. También se observa una evolución similar en la sociedad matriz.

El informe apunta a que se ha dado un "empeoramiento sutancial de la rentabilidad de la sociedad y se señala que, al cierre del ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros.

El estudio constata que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros), por lo que existe "causa legal de disolución" conforme al artículo 363.1.e del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital".

PREVISIONES DE PÉRDIDAS

El informe recoge también las previsiones de pérdidas que realiza la empresa en su memoria, en la que prevé pérdidas para el periodo 2026-2028, con un Ebitda negativo de 26,1 millones de euros este año, 20,8 millones en 2027 y 17,5 millones euros en 2028. También estima un Ebit negativo de 44,7 millones euros en 2026, de 39,4 millones en 2027 y 36,5 millones en 2028.

En conjunto, la empresa pronostica pérdidas acumuladas en el periodo de 64,7 millones euros en el Ebitda y 120,6 millones euro a nivel de EBIT.

Por ello, la empresa concluye que la situación económica prevista en Tubos Reunidos "redunda en evidenciar la inviabilidad del proyecto empresarial en su actual configuración" y que concurre la causa económica prevista en el artículo 51 ET", que establece que un despido es colectivo cuando la extinción de contratos se funda en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

La Inspección afirma que, de los datos recogidos en la memoria se desprende "la existencia de resultados negativos actuales y previsiones de continuidad de pérdidas en ejercicios futuros, tanto a nivel individual como consolidado, configurando un escenario económico negativo".

FRACUDE DOLO O ABUSO DE DERECHO

Por otra parte, el informe no aparecia índicos "de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la actuación la empresa durante la tramitación del procedimiento de despido colectivo. También precisa que no se desprenden elementos que permitan considerar que la decisión de Tubos Reunidos tenga por finalidad "la obtención indebida de prestaciones por desempleo" por parte de las personas trabajadoras.

En concreto, Inspección de Trabajo asegura que el proceso negociador se desarrolló en los términos "legalmente exigentes" y añade que no hay elementos suficientemente objetivos que permitan afirmar de forma concluyente "la inexistencia de negociación efectiva ni la concurrencia de mala fe negociadora" de acuerdo a lo que exige la normativa.

Inspección de Trabajo no observa tampoco elementos que permitan concluir la existencia de "coacción o imposición" en la adscripción voluntaria.

Por su parte, fuentes de la empresa han apuntado que el documento es "positivo" de cara a sus intereses, en el sentido que avala la prórroga del periodo de consultas, y concluye que "no se aprecian indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho" en su actuación durante la tramitación del ERE. Junto a ello, ha subrayado que tampoco se aprecia que su objetivo sea la "obtención indebida de prestaciones por desempleo".