Lokarri pide la retirada del Plan de Paz para abrir un proceso de "contraste amplio" y "generar acuerdos"

Europa Press País Vasco
Actualizado: viernes, 23 abril 2010 14:24

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lokarri reclamó hoy la retirada del proyecto de "reformulación" del Plan de Educación para la Paz ya que "no cuenta con un consenso básico". En este sentido, abogó por abrir "un proceso de contraste amplio" con partidos políticos, comunidad educativa y asociaciones que trabajan en este ámbito con el objetivo de "generar los acuerdos" necesarios.

En un comunicado, el colectivo reivindicó que "la educación para la paz no es una cuestión secundaria en una sociedad como la vasca, que ha padecido y padece la violencia y las vulneraciones de derechos humanos".

"Los avances en esta materia han sido muy importantes para transmitir unos valores de respeto y convivencia, partiendo de una situación en la que existen importantes diferencias políticas y sociales sobre la estrategia para alcanzar la paz, defender el pluralismo y avanzar hacia la reconciliación", añadió.

En este contexto, destacó que "el fin de que el espacio educativo sea un agente activo por la paz requiere consensos políticos que contribuyan a trabajar los valores de forma integral". Sin embargo, lamentó, la "reformulación" propuesta no cuenta con "un consenso amplio en los partidos políticos y en la comunidad educativa".

Lokarri apuntó que, entre los "espacios de disenso", se encuentra el concepto de deslegitimación de la violencia y señaló, en este sentido, que "es demasiado ambiguo e impreciso" y además "parte de una premisa errónea: la violencia no está deslegitimada en la sociedad vasca y, especialmente, en el ámbito educativo".

En este sentido, subrayó que la ciudadanía vasca ha demostrado en reiteradas ocasiones su posicionamiento en contra de la violencia y a favor del respeto a "todos los derechos humanos de todas las personas". Por ello, consideró que "poner en duda este dato, además de ignorar nuestra historia reciente, lleva a pensar que el Gobierno pretende incorporar ideas políticas propias a la deslegitimación de la violencia".

"Por ejemplo, el documento de reformulación no se limita únicamente a decir que justificar la violencia la legitima. En un salto argumental, afirma que hay ideas que abren el camino a las posiciones justificadoras de la violencia", apuntó.

A su entender, "lo que el documento pretende incorporar es la legitimación indirecta de la violencia: determinadas iniciativas, propuestas u opiniones ofrecen argumentos a los que justifican la violencia".

Para Lokarri, este concepto de deslegitimación de la violencia tiene "un objetivo partidista" y busca impedir "las críticas a la estrategia del Gobierno en la lucha contra la violencia".

"MARGINA A UNAS VÍCTIMAS"

Por otro lado, señaló que la propuesta del Ejecutivo "centra el protagonismo en las víctimas cometidas por ETA", mientras que "otras víctimas, como las cometidas por el GAL y organizaciones parapoliciales, o las de motivación política, no aparecen o son tratadas de manera secundaria".

En este sentido, advirtió de que "este enfoque contrasta con la Ley de Víctimas, que se refiere expresamente a ellas", o con la reciente declaración aprobada por el Parlamento vasco en la que "se insta a afrontar el reconocimiento y reparación de las víctimas de motivación política".

"Esta distinción no sólo margina a unas víctimas, sino que también pretende escribir un relato sesgado de nuestra historia más reciente", lamentó el colectivo, que indicó que "no hay un consenso básico sobre este tema" y la reformulación del Plan de Educación para la Paz "pretende imponerlo en las aulas, añadiendo que el profesorado no ha sido contundente en la deslegitimación de la violencia y pretendiendo que las escuelas se conviertan en espacios de homenaje a unas víctimas de la violencia olvidando a otras".

En cuanto a la presencia de las víctimas en las aulas para ofrecer su testimonio, Lokarri opinó que el documento no aporta "ningún argumento educativo o pedagógico" que avale esta medida y, por el contrario, "sólo ofrece criterios políticos".

Tras lamentar que "el consenso se ha trabajado de manera insuficiente", destacó que "los objetivos y prioridades" del Plan Vasco de Educación para la Paz se ven alterados "de manera radical" en la propuesta del Gobierno vasco. "El objetivo central pasa a ser la deslegitimación del terrorismo, dejando a un lado el carácter integral del Plan, pensado para fomentar la defensa de todos los Derechos Humanos", agregó.

Por tanto, defendió que se trata de "un plan completamente nuevo que exige la tramitación adecuada, semejante al que tuvo el actualmente vigente", con la presentación del borrador en sede parlamentaria, consultas con el mundo educativo y las asociaciones que trabajan en este tema y petición de informes al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

A su juicio, el plazo para recibir aportaciones de "quince días, ampliados a otros quince", supone "muy poco tiempo para que se pueda abordar una verdadera labor de contraste y acuerdo", a pesar de que es "una cuestión fundamental porque los centros escolares no deben recibir un nuevo Plan de Educación para la Paz que después deben trabajar envuelto en una dura confrontación política y sobre el que ahora dominan los disensos".

Finalmente, censuró que el Ejecutivo no ha "contrastado" con el Consejo Consultivo de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, que "por su composición y funciones es el espacio indicado para estudiar y buscar el consenso", aunque "ni siquiera lo ha constituido, pese a que su creación está aprobada por un decreto de 2009". para alcanzar el consenso necesario.

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