Más de la mitad de las viviendas turísticas de Euskadi no cumplen con la obligación legal de inscribirse en un registro

Actualizado: jueves, 26 octubre 2017 13:23

EH Bildu reclama al Gobierno Vasco que acabe con esta "oferta clandestina" antes de Semana Santa

VITORIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de las 3.600 viviendas y habitaciones de uso turístico existentes en Euskadi no cumplen con la obligación legal de estar inscritas en el registro oficial sobre actividades del sector, según se refleja en un informe encargado por el Gobierno Vasco.

El estudio, elaborado a instancias del Parlamento autonómico, ha sido dado a conocer este jueves por EH Bildu, que ha reclamado al Gobierno que solucione el problema de los pisos turísticos "clandestinos" antes de la próxima Semana Santa.

El informe indica que en Euskadi existen 3.648 viviendas y habitaciones de uso turístico anunciados en distintas plataformas, de los que apenas 1.599 están inscritos en el registro oficial sobre la actividad del sector, tal y como establece la Ley de Turismo de Euskadi.

Los restantes 2.049 pisos o habitaciones turísticas que, según el estudio, constituyen la "oferta clandestina" del sector no están registrados, lo que supone un 56,17 por ciento del total.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha pedido al Gobierno autonómico que acabe con este problema antes de la próxima Semana Santa. Para ello, le ha reclamado que -de acuerdo a una resolución parlamentaria aprobada el pasado verano- ponga en marcha una campaña informativa que dé a conocer la obligación de inscribir estos pisos en el registro oficial.

ERRADICAR LA OFERTA CLANDESTINA

Casanova ha mostrado su "respeto" hacia las personas que "de buena fe" ofertan una vivienda turística sin tener conocimiento de la obligación de darla de alta en el registro. No obstante, han afirmado que hay que "erradicar la oferta clandestina" en el sector.

Por ese motivo, ha pedido al Ejecutivo que, una vez desarrollada la campaña informativa sobre esta cuestión, ponga en marcha las "medidas coercitivas" previstas en la ley para quienes incumplen la obligación de registrar las viviendas turísticas.

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