Mendia aboga porque "se limiten drásticamente las jubilaciones anticipadas" y se generalicen pensiones complementarias

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha abogado porque "se limiten drásticamente las jubilaciones anticipadas" y se generalicen las pensiones complementarias ante "la encrucijada" en la que se encuentra "el estado del bienestar en España y en Euskadi".

Además, ha apuntado a tres alternativas para poder mantener el estado de bienestar, como el aumento de la presión fiscal, incrementar la provisión privada de estos servicios (colaboración público-privada) o subir "la parte que pagan" los ciudadanos cuando consumen "un servicio público como la sanidad".

Durante la clausura del cuarto congreso internacional de Derechos Humanos, tras tres días de debate entre expertos, Mendia ha destacado "la apuesta clara y decidida" del Gobierno vasco "por la sostenibilidad del sistema.

Tras indicar que "la crisis económica global y las tendencias demográficas europeas provocan que se ponga en cuestión el modelo de bienestar" tradicional, ha añadido que, como consecuencia de la crisis, se ha producido "un grave problema de finanzas públicas".

También ha apostado por "desarrollar una nueva política de empleo que actúe como un puente efectivo para las personas que pasen de empleos no competitivos a empleos nuevos y más productivos", que aborde "también las necesidades de reciclaje y adaptación de los trabajadores".

Mendia ha recordado que, en tres décadas de autogobierno, en Euskadi se ha construido un estado de bienestar "equiparable a los estándares más elevados en el mundo", pero se enfrenta a las amenazas de "la crisis económica y el de envejecimiento paulatino de la población".

Además, ha añadido que en España hay cuatro personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 64 años, mientras que en Euskadi este ratio baja a 3,5 personas en edad de trabajar por cada persona que ha alcanzado la edad de jubilación, y se calcula que en 2020, dentro de sólo diez años, se estará en 2,8 personas activas por cada jubilado.

Asimismo, ha recordado que la Comunidad Autónoma Vasca pasará de 2008, con una población en edad de trabajar de 1.481.000 personas, al 2020 con 1.426.000, es decir, 55.000 menos.

Por el contrario, ha subrayado que la población de más de 65 años superará el medio millón para entonces, con lo que la tasa de dependencia llegará al 35 por ciento, de forma que en una sola década habrá subido más de seis puntos.

Al factor poblacional, ha manifestado que hay que "sumar que es previsible que la economía no vuelva a experimentar tasas de crecimiento tan elevadas como las que hemos disfrutado en la última década".

CREACIÓN DE EMPLEO

La portavoz del Ejecutivo ha subrayado que "es vital la creación de empleo, y en este contexto, ha recordado que "la agenda Europa 2020 tiene como objetivo que el 75 por ciento de la población de entre 20 y 64 años esté empleada".

"Aunque, a lo largo de la década, este porcentaje ha aumentado bastante, tanto en España como en Euskadi -donde hemos llegado al 65 por ciento en 2009, que es la media de la UE-27-, aún estamos lejos del objetivo", ha aseverado.

En este contexto, ha instado a "ser consciente de que la prolongación del disfrute del periodo de jubilación ha de venir acompañado de una prolongación también de la vida laboral". "Con esto, no me estoy refiriendo sólo a un posible retraso en la edad legal de jubilación. No serviría de nada si la edad efectiva, que actualmente está en los 62 años, no varía", ha dicho.

Por ello, ha abogado porque "se terminen, o al menos, se limiten drásticamente las jubilaciones anticipadas". "Eso obligará, probablemente, a revisar profundamente el sistema de incentivos", ha subrayado.

De esta forma, ha apuntado dos opciones en las que se pueden trabajar: "incentivar a trabajar más años y acabar con los incentivos que arrastran a sacar del mercado a los trabajadores mayores de 50 años".

"Es evidente que el sistema de pensiones se ha usado como mecanismo de ajuste del mercado laboral y, por ello, su sostenibilidad se hace más difícil. Si no se abandona esta práctica, las medidas encaminadas a retrasar la edad de jubilación serán totalmente ineficaces", ha subrayado.

En su opinión, "gran parte del debate en las pensiones se está centrando en la edad de jubilación, pero, posiblemente, el meollo central esté en fijar cuál debe ser el nivel de las pensiones, más concretamente, en determinar los criterios que las fijen".

También ha destacado que "una de las consecuencias del envejecimiento de la población, agravadas por la crisis económica, es que puede ser conveniente que exista una mayor simbiosis entre el sistema público de previsión social y el privado".

"En el País Vasco, el patrimonio de las Entidades de Previsión Social Voluntaria es ya muy importante: aproximadamente el 27 por ciento del PIB. Vamos bastante por delante del resto de España, donde su nivel es del 8 por ciento. Sin embargo, si nos comparamos con la UE-15, con la OCDE o con los países más desarrollados, donde se llega al 155 por ciento del PIB, vemos que todavía queda un potencial enorme de crecimiento", ha señalado.

Para Idoia Mendia, "estas diferencias de participación de sistemas privados con estos países son debidas en gran parte a que ellos han experimentado con una década de antelación el problema del envejecimiento de su población".

"En el Gobierno vasco pensamos que deben generalizarse las pensiones complementarias. La experiencia de los países más avanzados parece demostrar el acierto de este tipo de medidas. Dar mayor protagonismo a los sistemas privados de previsión, podría ayudar a subsanar el problema de desequilibrios intergeneracionales que genera el sistema público de reparto. Nos asemejaría, en cierta medida, a la solución sueca", ha indicado.

SANIDAD

También ha subrayado que, a lo largo de la década del 2000, la sanidad "ha ido presionando la sostenibilidad de su financiación, al crecer de manera acumulativa dos puntos por encima del crecimiento nominal del PIB".

Según ha explicado, en Euskadi la sanidad "se lleva el 40 por ciento del presupuesto" y, junto con la educación, "llegan al 60 por ciento".

Tras preguntarse "cuánto estado de bienestar deseamos tener" y recordar que éste "lo financia básicamente el Estado" con los impuestos que recauda, ha puntualizado que, "si las pensiones, la educación, la sanidad y la dependencia tienen un coste creciente, consumen una parte mayor del PIB" y si se parte de la base de no se quiere "renunciar a ellas", existen tres alternativas.

En este sentido, se ha referido al aumento de la presión fiscal, incrementar la provisión privada de estos servicios (colaboración público-privada) o subir "la parte que pagan" los ciudadanos cuando consumen "un servicio público como la sanidad". "Por supuesto, también es válido cualquier punto intermedio entre esas alternativas", ha indicado.

Idoia Mendia ha señalado que en España y en Euskadi se mira a Suecia, Finlandia o Dinamarca cuando se habla "de prestaciones relacionadas con el estado del bienestar", pero, a la vez, se pretenden "unos impuestos bajos, como en EE.UU".

"A lo largo de la década del 2000, tanto en el País Vasco como en España, hemos mantenido una presión fiscal entre 5 y 6 puntos porcentuales sobre PIB por debajo de la media de los países de la Unión Europea (UE-15) y 15 puntos más baja que la de Dinamarca", ha subrayado.

A su juicio, hay que "escoger" porque "no se puede tener, a la vez, un gasto social elevado y un estado de bienestar estupendo como los países nórdicos, y a la vez una presión fiscal de las más bajas de Europa". "No se puede ir en las dos direcciones a la vez. Ésas son las decisiones que le corresponde tomar a un gobierno responsable", ha señalado.