PSE denuncia que Diputación desvía a ancianos a centros de día de otros municipios, aunque hay plazas en Barakaldo

Censura que el PNV local apoye "con silencio cómplice" esta actuación y anuncia que presentará un recurso de reposición ante la Diputación

Europa Press País Vasco
Actualizado: jueves, 15 abril 2010 17:19

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Barakaldo, Amaya Rojas, denunció hoy que la Diputación Foral de Bizkaia, dirigida por el PNV, ha empezado a derivar a las personas mayores del municipio que reclaman el servicio de centro de día a otros municipios, "con el consiguiente perjuicio para los usuarios" y "a pesar de que existen diez plazas sin cubrir en la propia localidad, además de un centro con otras veinte plazas que la Diputación no permite abrir".

Según explicó Rojas, la Diputación vizcaína argumenta que esta práctica tiene como objetivo "cubrir las plazas vacías de los complejos de su titularidad".

La edil baracaldesa criticó, además, que la Diputación "utiliza ese mismo argumento para anunciar que va a romper unilateralmente" el convenio de colaboración para subvencionar el Centro de Integración Social (CIS) de Barakaldo, algo que comunicó oficialmente el pasado 25 de marzo.

Rojas indicó que, "según recoge el propio convenio expresamente y reconoce en una carta el director general foral para la Promoción de la Autonomía Personal, Iñigo Pombo, el acuerdo tiene vigencia indefinida, 'pudiendo las partes modificarlo o dejarlo sin efecto de forma expresa y de mutuo acuerdo', algo que no se cumple en esta ocasión".

Por ello, Rojas anunció que el Ayuntamiento presentará un recurso de reposición ante la Diputación y aseguró tener constancia de que hay "otros nueve centros de otros tantos municipios en esta situación", aunque consideró que el caso de Barakaldo es "especialmente grave", puesto en que no existe un centro de titularidad foral y las personas mayores deben recorrer una distancia mayor".

De momento, explicó, están siendo derivadas al complejo Sestao Berri, "pero cuando se llenen las plazas, los mayores baracaldeses pasarán a otros centros de la comarca, como Abanto, Ortuella o Muskiz, centros que están a una distancia kilométrica bastante mayor".

Rojas advirtió de que "los mayores de Barakaldo no se merecen ese trato", por lo que el Ayuntamiento "luchará por que se ataje cuanto antes esta situación".

Rojas indicó que el argumento esgrimido por la Diputación de que debe cubrir primero las plazas de centros forales "no se sustenta, a no ser que detrás se esconda algún interés oculto". De hecho, indicó que la Institución foral "se va a gastar el mismo dinero con esta medida".

Según explicó, la Diputación subvenciona cada plaza ocupada en un centro municipal con 1.000 euros al mes y pagará aproximadamente esa misma cantidad a las empresas adjudicatarias por ocupar una plaza más en los centros que gestionan, con el inconveniente de que "causa un grave perjuicio al usuario al trasladarle de municipio".

La concejala de Acción Social denunció, en este sentido, la actitud del PNV local y su portavoz, Amaia del Campo, "quien lejos de defender los intereses de los usuarios del centro de día de Barakaldo, apoya con silencio cómplice que los ancianos de la localidad sean ingresados en otros municipios".

COMISION DE ACCION SOCIAL

Por otro lado, hoy se celebró una Comisión Informativa de Acción Social para valorar nuevamente el contrato de gestión que se está llevando en el Centro de Integración Social (CIS), en la que se acordó, por unanimidad, que se pida al interventor municipal que plasme el cálculo pormenorizado de cuánto cuesta cada servicio que se está llevando a cabo en el centro, "puesto que elaboró varios informes de reparo que no han quedado suficientemente claros", precisó Rojas.

La edil socialista señaló que "no resulta justificable proceder a la resolución del contrato administrativo, ni tampoco no prorrogar su vigencia", cuando ello es posible desde un punto de vista técnico-jurídico y evita un problema como el posible cierre del CIS, que en realidad es lo que están buscando el PNV y el PP".

Rojas aseguró que el Ayuntamiento "no va a dejar en la calle a nuestros mayores sin pruebas fehacientes para tomar la decisión de rescindir el contrato".

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