Plaza Arbolantxa de Bilbao - EUROPA PRESS
BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Vecinal Uribitarte Anaitasuna de Bilbao se enfrenta a una reclamación de 50.000 euros por denunciar el ruido y el uso indebido del espacio público de un local hostelero. La empresa propietaria del negocio de hostelería 'Da Vinci', reclama una rectificación pública y una indemnización por las denuncias vecinales sobre el ruido y el uso de la plaza Arbolantxa.
En un comunicado, la Federacion de Asociaciones Vecinales de Bilbao ha informado de que Uribitarte Anaitasuna y su presidencia han sido citadas a un acto de conciliación, después de que la empresa gestora del local (Inversiones Isanola S.L.) presentara una reclamación judicial. La empresa pide que la Asociación se retracte públicamente de lo publicado en los escritos enviados al Ayuntamiento y en sus redes sociales, y reclama una indemnización de 50.000 euros por los supuestos daños causados al honor de la empresa.
La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao y Uribitarte Anaitasuna consideran que esta reclamación es una "medida de presión desproporcionada que busca frenar el trabajo vecinal y silenciar las protestas de las personas residentes en el distrito de Abando".
Durante años, el vecindario, a través de la asociación vecinal, ha trasladado públicamente sus quejas por los problemas de ruido a altas horas de la madrugada, las aglomeraciones en la vía pública y las dificultades para utilizar de forma "libre y cívica" la plaza privada de uso público de Arbolantxa.
La Asociación vecinal defiende que sus denuncias responden a un "problema de interés público" y señala que sus informaciones y actuaciones públicas se basan en "datos objetivos, testimonios de personas afectadas, registros de sonómetros instalados por el Ayuntamiento y el seguimiento del cumplimiento de las ordenanzas municipales".
También aclara que la lucha vecinal no ataca la hostelería, sino que se enfrenta a la actitud del Ayuntamiento que "permite y avala actividades en beneficio privado, que perjudican la calidad de vida de las y los vecinos". Por este motivo, la representación vecinal ha acudido al Juzgado para cerrar el acto de conciliación, sin llegar a un acuerdo y reafirmar su compromiso con la "libertad de expresión, la salud ambiental y la convivencia en Abando".
La Asociación Vecinal, en el acto de conciliación, no se aviene a la petición formulada ni al pago de 50.000 euros, rechaza íntegramente la solicitud y defiende que está ejerciendo su libertad de expresión e información (artículo 20 de la Constitución Española).
En este sentido, considera que sus actuaciones se limitan a realizar una crítica pública "legítima" y a ejercer el derecho de petición y denuncia ciudadana ante lo que entiende como una "falta de respuesta de las administraciones públicas a problemas recurrentes de incivismo, saturación del espacio público y molestias por ruido a altas horas de la madrugada en el entorno del establecimiento".
Además, sostiene que no ha realizado ninguna calumnia ni injuria contra la empresa ni sus titulares, sino que ha puesto de manifiesto un problema ambiental y de convivencia pública que considera de "interés general para el barrio".
De este modo, rechaza de forma "categórica" la petición de que cese su labor vecinal y la reclamación de 50.000 euros, al considerar que "no tiene fundamento jurídico y que pretende generar un efecto de intimidación sobre la asociación".
En opinión de la Federación de AAVV de Bilbao y la asociación Uribitarte Anaitasuna, exigir 50.000 euros a una entidad sin ánimo de lucro por visibilizar el problema del ruido, suciedad e incivismo en el espacio público "sienta un precedente peligroso contra la libertad de expresión y la participación ciudadana".
Por ello, han hecho un llamamiento al Ayuntamiento y al movimiento asociativo de la ciudad para que "no se ponga en riesgo la defensa de los derechos fundamentales al descanso y a la intimidad personal y familiar en el domicilio, frente a los intereses comerciales de un ocio intensivo".