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El Ejecutivo vasco comenzará en abril a devolver la paga extra suprimida en 2012 por orden del Gobierno español
BILBAO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
El conjunto del personal que trabaja para la administración pública vasca -funcionario y eventual- cobrará a partir de este lunes la primera de las dos pagas extraordinarias correspondientes al año 2015. El Gobierno hará efectiva la segunda de las pagas en los primeros días del mes de julio.
De esta manera, alrededor de 70.000 personas se beneficiarán de este adelanto decidido por el Gobierno vasco, por tercer año consecutivo, al considerar que "aún es pronto para volver a recuperar la normalidad en las fechas de cobro de las pagas extraordinarias". "Si no se adoptara esta medida, el Gobierno cree que podría afectar negativamente al consumo en Euskadi", ha señalado el Ejecutivo en un comunicado.
Además, el Gobierno vasco abonará en el mes de abril de 2015 el 25 por ciento de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, retirada por decreto del Gobierno español y confirmada después por el Tribunal Constitucional.
Esta medida, que tendrá un impacto presupuestario de unos 50 millones de euros, no afectará a quienes a lo largo del segundo semestre de 2012 y en fechas anteriores a que se ordenara la suspensión del pago de la extra recibieron alguna cantidad por ese concepto. Ambas decisiones están incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2015 aprobado por el Parlamento vasco.
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
El Gobierno vasco ha recordado que el Tribunal Constitucional tiene pendientes de resolver hasta cuatro conflictos de inconstitucionalidad relacionados con la retirada de la paga extraordinaria en diciembre de 2012 y otros recortes salariales del personal funcionario.
Cumplidos dos años desde que el Tribunal Constitucional se pronunciara impidiendo abonar en Euskadi la paga extra de 2012, el Gobierno vasco considera que ya ha pasado tiempo suficiente para que el Alto Tribunal se pronuncie, "ponga fin a la inestabilidad que padecen miles de personas funcionarias y que las administraciones públicas vascas puedan operar en esta materia un terreno normativo estable".
