La UPV recurre al TC la anulación de su protocolo para matricular a presos encarcelados en el extranjero

VITORIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad del País Vasco (UPV) ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el protocolo por el cual la universidad vasca matriculaba a presos encarcelados en otros países, principalmente reclusos de ETA que cumplen condena en Francia.

A través de una sentencia dictada en abril de 2009, el Tribunal Supremo declaró "nulo de pleno derecho" el protocolo de la UPV por el que este centro matriculaba a presos encarcelados en otros países y, posteriormente, desestimó el recursos de la UPV contra esta decisión. El Alto Tribunal estimaba que el protocolo vulnera el artículo 56 de la ley Orgánica General Penitenciaria.

Este artículo exige que medie un convenio entre la Administración Penitenciaria y la universidad correspondiente para que los internos en cárceles españolas puedan cursas estudios universitarios. El Supremo considera que si se excluye de la aplicación de este precepto a las personas presas en el extranjero, "se está excluyendo a éstos de la aplicación de unas garantías legalmente previstas para asegurar la calidad de la enseñanza a la que aspiran".

La interposición del recurso de amparo ya había sido anunciada por la UPV, aunque su presentación efectiva, que data del 14 de diciembre de 2009, no había sido dada a conocer hasta hoy, cuando el rector de la Universidad del País Vasco, Iñaki Goirizelaia, compareció ante la Comisión de Educación del Parlamento vasco para informar sobre este asunto.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Goirizelaia argumentó que la petición de amparo ante el Tribunal Constitucional responde al objetivo de defender "la autonomía universitaria", que ha su juicio se ha visto vulnerada por la referencia que hace el Tribunal Supremo a la necesidad de velar por "las garantías" en la calidad de la enseñanza. El rector de la UPV aseguró que "la garantía de la calidad académica depende de la misma Universidad, no de Instituciones Penitenciarias", manifestó.

Además de este argumento, defendió el papel de la formación como vehículo para la reinserción de los reclusos. Por otra parte, y en respuesta al PP, destacó que, hasta el momento, todas las actuaciones judiciales practicadas "demuestran que no ha habido irregularidades" en la calificación de los presos de ETA que han estudiado en la UPV.

El rector de la Universidad del País Vasco destacó que la legislación penitenciaria no contempla ninguna referencia específica a la matriculación universitaria de los presos de ETA. Por ese motivo, advirtió de que "si el objetivo es que los presos de ETA no se matriculen, que se apruebe una ley" que recoja este fin. "Si no se atrevieron en su momento a escribir esto, no le pidan al rector que haga lo que no hace la ley", añadió.

"AMPLIO RESPALDO"

Además, aseguró que la defensa del derecho de los presos a matricularse en la UPV tiene "un amplio respaldo" en la propia universidad y que el consenso social en torno a este asunto es también "muy amplio".

El parlamentario del PP Ramón Gómez Ugalde, cuyo grupo solicitó la comparecencia de Goirizelaia, subrayó que en el fondo del debate subyacen "las numerosas irregularidades denunciadas" en relación con supuestos tratos de favor de la UPV hacia presos de ETA.

Además, censuró que algunos de los contenidos del protocolo anulado por el Supremo "discriminaban" al resto de alumnos en relación con las personas que estudiaban desde la cárcel. Respecto al respaldo social a la matriculación de presos en la Universidad del País Vasco, aseguró, en referencia a una protesta por este tema celebrada el 17 de diciembre de 2009, que la movilización terminó "con gritos de apoyo a ETA".

"EN EL MARCO DE LA LEY"

Desde el PNV, Estíbaliz Hernáez se refirió a las alusiones del PP a las elevadas calificaciones obtenidas por algunos reclusos de la organización terrorista y lamentó que sacar buenas notas se considere "casi un delito". Además, subrayó que "los tribunales no siempre tienen la razón y se pueden equivocar".

El parlamentario del PSE Vicente Reyes consideró que el derecho a la educación "no se vulnera en ningún caso" con la sentencia del Tribunal Supremo y precisó que "la autonomía universitaria no es absoluta", sino que debe aplicarse "en el marco de las leyes". Además, añadió que "son los tribunales los que deciden lo que se aparta o no del marco legal".

Mikel Basabe, de Aralar, criticó la falta de respuesta de Instituciones Penitenciarias a las peticiones de la UPV para la formalización de un convenio que permitiera matricular a personas en situación de privación de libertad.

El parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal, consideró que la UPV "puede defender con buen criterio" que el Supremo ha vulnerado el principio de autonomía universitaria.