Los ayuntamientos extremeños otorgarán licencias para casas rurales y plantas solares reduciendo hasta un año los plazos
MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Extremadura ha convalidado este jueves el decreto ley de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura para afrontar los efectos negativos de la Covid-19.
El decreto, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de mayo, ha recibido este jueves en el pleno de la Asamblea los votos a favor del Grupo Parlamentario Socialista y Ciudadanos y con la abstención del Grupo Parlamentario Popular y el Unidas por Extremadura.
En su turno de intervención, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio del Territorio, Begoña García Bernal, ha desgranado los aspectos más relevantes de este decreto ley por el que se modifica la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), con la que acelera sus previsiones en cuanto a la agilización de plazos administrativos, que puede llegar hasta un año gracias a que los pequeños ayuntamientos no tendrán que modificar sus planes generales para otorgar licencias para una casa rural o para la instalación de una planta de energía solar.
García Bernal ha lamentado que crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 ha situado a la región en una "casilla de salida" que necesita el empleo de todas las medidas para reactivar una red económica "inesperadamente interrumpida".
Asimismo, ha remarcado que este decreto ley ha contado con una participación muy importante de varios de los sectores implicados, además de defender que la administración autonómica debe ser palanca de desarrollo para garantizar la recuperación económica regional.
En este sentido, la consejera se ha mostrado convencida de que, gracias a este decreto ley, la administración sea" más eficiente, más ágil y más eficaz".
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
En el turno de fijación de posiciones de los grupos, la diputada del PSOE María de la Cruz Buendía ha indicado que es indispensable salir de la crisis de otra forma distinta a la crisis de 2008, en la que se deterioró la vida de muchos ciudadanos.
Por ello, ha abogado por aplicar políticas conducentes a propiciar el bien común y, en este sentido, ha dicho, se enmarca este decreto ley, lo que demuestra el "rigor" con el que ha trabajado la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Por su parte, el diputado del PP Diego Sánchez Duque ha criticado que este decreto ley no contiene elementos que puedan ser consideradas medidas urgentes ni sus efectos van a ser inmediatos, por lo que ha considerado que no se debería haber tramitado como decreto ley y sí de otra manera para poder contar con las aportaciones de los grupos y de los ayuntamientos.
Además, ha considerado que representa una enmienda a su propia ley, que se aprobó hace poco más de un año, y que "atenta contra los intereses" de la Extremadura vaciada.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha mostrado la posición favorable de su grupo ante este decreto ley, ya que estas modificaciones eran "necesarias y más en estos momentos", ha dicho.
Asimismo, se ha mostrado convencido de que este decreto ley servirá para poder reactivar la economía extremeña y más en el ámbito rural, además de proporcionar más certidumbres a los alcaldes en materia de gestión urbanística.
Finalmente, en el turno de Unidas por Extremadura, la diputada Irene de Miguel, ha criticado que la Junta, "aprovechándose de su mayoría absoluta", se ha servido para "manosear" la Lotus.
Así, aunque ha indicado que su grupo está de acuerdo con la agilización de trámites, ha lamentado que haya tenido que venir una pandemia mundial para que la Junta se dé cuenta de que los trámites administrativos relacionados con el urbanismo eran "insostenible".
CONTENIDO DEL DECRETO LEY
Asimismo, junto a la agilización de plazos administrativos, la modificación también afecta a la regularización de asentamientos de viviendas en suelo rústico.
Además, actividades como casas rurales, industria agrícola, actividades culturales, educativas de investigación, producción de energías renovables de hasta 5 Mw y residenciales autónomos, entre otras, son usos compatibles y que pueden ser permitidos en el medio rural, contribuyendo de esta forma a fijar la población al territorio.
Con este decreto, se ponen de forma inmediata a disposición de los ayuntamientos una serie de instrumentos ágiles que sean capaces de dar respuesta a las necesidades que surgen de la actual crisis.
Entre las principales novedades que introduce el decreto ley, se plantea la descentralización de trámites en municipios de más de 5.000 habitantes o que pertenezcan a mancomunidades que tengan oficinas de gestión urbanística, dotándolos de unas reglas que les den seguridad jurídica para poder calificar actividades en el medio rural.
NOVEDADES
A partir de ahora, serán los ayuntamientos y las mancomunidades los que concedan los permisos, lo que reducirá los plazos. Así, la tramitación de un nuevo plan general que adapte la normativa municipal, por ejemplo, a la instalación de una planta fotovoltaica, se puede prolongar durante un año, plazo que ahora se suprime.
Y es que se fija un marco jurídico para las actividades que, por novedosas, no se encontraban recogidas en el planeamiento urbanístico y que obligaban a adaptaciones de planeamiento largas.
Por otra parte, se establece que la licencia de primera ocupación para vivienda tendrá silencio administrativo positivo si no hay notificación de resolución alguna dentro de un mes de plazo, y además se clarifican los supuestos para las comunicaciones previas.
Además, se crea un régimen transitorio flexible para la adaptación a la ley de los municipios de más de 10.000 habitantes para facilitar los trabajos de asunción de los preceptos legales, a la vez se establecen criterios para los que cuenten con menos de ese número de habitantes.
Igualmente, se disponen medidas, como la aprobación de planes especiales, que faciliten, aceleren y flexibilicen la regularización de asentamientos en suelo rústico por parte de los ayuntamientos.
