Foto: GUARDIA CIVIL
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VALENCIA DE ALCÁNTARA (CÁCERES), 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido al promotor de una edificación que se encontraba en situación irregular en el municipio cacereño de Valencia de Alcántara, tras sorprender a cuatro personas que se encontraban trabajando de forma "ilegal" en dicha edificación.
Los hechos se produjeron cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de Valencia de Alcántara, durante una inspección rutinaria, localizaron en la mencionada construcción, cuya superficie es de 300 metros cuadrados, a los cuatro trabajadores, dos de ellos en el techo, "sin contar con ningún tipo de medida de seguridad, contraviniendo la normativa de Riesgos Laborales, constituyendo además un grave peligro para su seguridad e integridad física", ha indicado la Guardia Civil en nota de prensa.
Al percatarse de la presencia de los agentes, los cuatro se ocultaron entre la vegetación circundante hasta que fueron localizados y se comprobó que "todos se encontraban en situación irregular", la cual se agravaba en el caso de dos de ellos, "que se encontraban cobrando la prestación por desempleo".
Respecto a la obra, la Guardia Civil ha explicado que los diferentes dictámenes técnicos elaborados por la Oficina de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara "refrendaban la ilegalidad del acto edificatorio", ya que según las normas urbanísticas de este municipio, la obra se estaba ejecutando en suelo "no urbanizable".
En este sentido, el promotor de dicha obra había solicitado la licencia para un "almacén" y "no para vivienda residencial" por lo que el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara decretó la "inmediata" paralización de las obras.
"La edificación de una sola planta, de tipología residencial, disimulaba la construcción interna de tres viviendas perfectamente diferenciadas, con distribución interior en quince habitáculos", ha señalado la Guardia Civil.
Por todo ello, ha sido detenido el promotor, y otras dos personas más han sido imputadas, "en calidad de promotores de la construcción ilegal y empleadores de los operarios" y acusadas de un supuesto delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, así como otro delito contra los derechos de los trabajadores, "por emplear a personas sin ningún tipo de derecho, al no figurar de alta en el sistema de la Seguridad Social".
