MÉRIDA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La directora general de Transportes, Justa Núñez, reiteró hoy el "total y absoluto" apoyo de la Junta de Extremadura a cualquier proyecto "viable" que parta de la iniciativa privada para la construcción de un aeropuerto internacional en el entorno de Cáceres.
Así lo indicó la responsable autonómica en la materia con motivo de una comparecencia ante la Comisión de Fomento y Vivienda de la Asamblea de Extremadura, para dar respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular.
En su intervención, Núñez confirmó que hay varias iniciativas privadas interesadas en el proyecto y que han encargado estudios informativos al respecto, si bien dejó claro que son estas sociedades, las que "arriesgan el capital", quienes deberán tomar una decisión definitiva una vez analizados los informes.
Sobre el papel que desempeñará la Junta en el proyecto, comentó que se limita a prestar un "apoyo decidido" a la puesta en marcha de esta infraestructura, que según dijo interesa al Gobierno extremeño por cuanto supondrá una mejora en el transporte de la comunidad autónoma.
Asimismo, negó que la Junta "oculte" información relacionada con el proyecto, aludiendo nuevamente a que se trata de una infraestructura que, si bien contará con el acompañamiento de la Administración autonómica, pertenecerá al ámbito privado.
Al respecto, la diputada popular Teresa Bravo recordó que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, retomó el asunto del aeropuerto de Cáceres, que avanzó anteriormente su predecesor, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en su discurso de investidura, y que entonces lo consideró uno de los objetivos prioritarios de la legislatura.
Por ello, reclamó más información sobre el proyecto, al tiempo que criticó que únicamente utilice la cuestión del aeropuerto de Cáceres cuando --según dijo-- a la Junta le interese, ante lo que sugirió que tal vez sea un asunto que retome el Gobierno extremeño en próximas fechas debido a la proximidad de las elecciones generales.
En cuanto a la participación de la Junta en el aeropuerto, recordó que el Gobierno extremeño viene reservando partidas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de los tres últimos años para la puesta en marcha de una refinería, que aún no cuenta con aprobación para ejecutarse, y cuyo promotor es igualmente una firma empresarial del ámbito privado.
CARRETERAS.
La comisión parlamentaria albergó un bloque de tres preguntas relativas al estado de la red de carreteras de la comunidad autónoma. En una de ellas, el diputado popular Víctor del Moral pidió información acerca del trazado definitivo de la futura autovía A-43, que unirá la región con el Levante español.
Al respecto, el director general de Infraestructuras y Agua, José Ignacio Sánchez Sánchez, comentó que los diferentes trazados alternativos planteados para la unión a través de esta vía de las provincias de Badajoz y Ciudad Real, están aún siendo sometidos a los correspondientes estudios informativos.
Sobre este proceso comentó que "quizás se demore un poco", y añadió que en tanto no concluyan dichos estudios --que tienen en cuenta aspectos ambientales, sociales y económicos--, la Junta no se decantará por ninguna de las opciones.
En todo caso, dijo que se está a la espera de que el Estado, que es la administración con competencias sobre esta vía, remita tales informes, para que una vez se adopte una decisión definitiva, la Junta pueda manifestarse al respecto.
Asimismo, avanzó que sea cual sea la opción definitiva por la que discurrirá el trazado de la autovía, las zonas descartadas se verán beneficiadas por una "solución compensatoria".
Por su parte, el diputado popular recordó que en 2003 ya estaba redactado el trazado definitivo de la autovía y que una decisión del Gobierno castellano manchego acerca de una zona de protección del lince ibérico obligó a cambiar la "línea recta" que supone el trazado de la N-430, conocida como opción norte, por una 'Z' para pasar por Puertollano (Ciudad Real), la opción sur.
TRASPASO DE CARRETERAS.
La diputada Teresa Bravo, de otro lado, preguntó por el proceso de asunción de competencias por parte de la Junta de algunas de las carreteras y caminos pertenecientes a las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadiana, y que, según comentó, para algunas localidades, como la de Valrío, se convierten en su única forma de acceso.
Así, el director general de Infraestructuras y Agua comentó que ya se han iniciado las conversaciones con las confederaciones hidrográficas para la asunción de las carreteras, previo "acondicionamiento" de las mismas a "los estándares" de las vías de la comunidad autónoma.
Igualmente, dijo que se han iniciado las conversaciones con las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz para acometer el mismo proceso con carreteras de su titularidad. Añadió que estas conversaciones cristalizarán en convenios entre las partes, si bien advirtió que se trata de un asunto "complejo" que "no se soluciona de la noche a la mañana".
Una vez finalizado el traspaso de las carreteras de las confederaciones, que podrían pasar a titularidad de la tanto de la Junta como de las diputaciones, el Gobierno extremeño actualizará el catálogo de vías de la región.
La diputada popular Teresa Bravo, por su parte, lamentó que estas conversaciones no se hayan visto impulsadas en los últimos cuatro años, en los que coincidía el signo político de todas las administraciones implicadas.
En otra pregunta, Víctor del Moral reclamó una solución para el estado "deficiente, por no decir penoso", en el que se encuentra un tramo de 4,5 kilómetros de la carretera de Hinojal, la EX-373, que une la A-66 con la N-630.
En respuesta, Sánchez Sánchez comentó que una vez puesta en servicio la autovía A-66 se redujo la intensidad de circulación en este tramo, si bien se comprometió a incluir esta vía en el Plan de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, y a estudiar sus necesidades en función de su uso real.
VIVIENDA.
Por último, la comisión abordó dos cuestiones relacionadas con la política de Vivienda. Así, el director general del área, Juan Francisco Moreno, avanzó que 3.512 pisos pertenecientes al programa especial, conocido como Plan 60.000, se verán beneficiadas en 2007 por una reducción del IVA del 7 al 4 por ciento.
Esta reducción se debe a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, por el que las unidades del Plan Especial de Vivienda sean co-calificadas como viviendas de protección oficial (VPO).
Con este acuerdo, dijo que esta medida hace "más atractivas" las promociones para los constructores, y que con ello se ven beneficiados los ciudadanos, que son el objetivo final del programa.
La diputada popular Cristina Herrera, ante este acuerdo, criticó los "vaivenes" de la Junta en materia de vivienda, a lo que respondió el director general que quien han modificado su postura respecto al programa es el PP, que en sus inicios lo consideró "inejecutable".
Asimismo, reprendió a la parlamentaria por asociar viviendas protegidas con pisos de baja calidad, para lo que puso como ejemplo la factura de los pisos de la promoción Mérida III Milenio, que son los primeros pisos pertenecientes al Plan 60.000 que serán entregados, y que fechó en el mes de enero.
Finalmente, la diputada Teresa Bravo consideró "un poco exagerado" el presupuesto dedicado a la contratación de una empresa para gestionar el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda, que se eleva hasta los 2.570.000 euros. En respuesta, el director general de Vivienda dijo que su objetivo es garantizar el acceso de los extremeños a estas viviendas "en las mejores condiciones" y bajo criterios como la "igualdad y la transparencia".