CÁCERES, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las localidades pacenses de Llerena y Olivenza han sido las primeras extremeñas en solicitar a la Delegación del Gobierno en la Comunidad la instalación de videocámaras en la vía pública para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de su patrimonio.
Así lo indicó hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado, que ha presidido la reunión de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que es la encargada de emitir un informe previo a la aprobación por parte de la Delegación del Gobierno de la instalación de dichas cámaras que serán utilizadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Dicha comisión, que se reunió hoy por primera vez en Extremadura, está formada además de por el presidente del TSJEx, por el fiscal jefe del Alto Tribunal extremeño, Aurelio Blanco; un abogado del Estado; un representante de la Federación de Municipios; otro de la Administración General del Estado; un representante de la Delegación del Gobierno; y dos asesores designados al efecto por esta última institución.
Según explicó Márquez de Prado en un encuentro con periodistas previo a la reunión, la comisión se encarga de analizar todos los aspectos de la solicitud con el objetivo de que la instalación de las cámaras no suponga un atentado contra la intimidad de las personas y su propia imagen y para "garantizar que se cumple la ley".
De esta forma, la instalación de esta videovigilancia en las vías públicas está regulada por la Ley Orgánica 4/97 de 4 de agosto y en ella se contempla, por ejemplo, que las grabaciones efectuadas por estas cámaras deben ser destruidas al mes de haberlas realizado, "siempre que no hayan registrado la realización de un delito", especificó Márquez de Prado.
Además, recordó que quedan fuera de esta ley, las cámaras instaladas en los edificios públicos o las utilizadas por la Dirección General de Tráfico para vigilar la afluencia de vehículos. "Sólo se acogen a la norma las peticiones cursadas por los ayuntamientos de los municipios para instalar las cámaras en las vías públicas", apostilló.
ADVERTIR QUE HAY CÁMARAS
El presidente del TSJEx aseguró que las cámaras registran "sólo la imagen y no el sonido" y además su instalación debe estar advertida previamente. "Es decir, si por ejemplo se instalaran cámaras en la parte antigua de Cáceres, deberían poner un cartel que dijera que las calles están vigiladas por ellas, aunque no se especifique en qué lugar exacto están instaladas", aclaró.
En cualquier caso, el presidente del Alto Tribunal extremeño no adelantó los pormenores de la solicitud de estas dos localidades, ni el motivo por el que consideran oportuno la instalación de estas videocámaras en sus calles.
No obstante, la comisión dictó hoy mismo un informe que será elevado a la Delegación del Gobierno en Extremadura, "que es el órgano competente para autorizar o no la instalación de dicho sistema de seguridad", indicó Márquez de Prado.
En el caso de que la Delegación del Gobierno autorizara dicha solicitud una vez consultado el informe de la comisión de Garantías de Videovigilancia, Olivenza y Llerena serían las primeras localidades extremeñas en tener "vigiladas" sus calles y plazas a través de cámaras conectadas con las oficinas de las Fuerzas de Seguridad del Estado.