Archivo - El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, en una foto de archivo - UGT EXTREMADURA - Archivo
MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT Extremadura considera "decepcionantes y preocupantes" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2026, que reflejan la destrucción de 3.700 empleos respecto al trimestre anterior.
Se trata, según indica, del peor balance de un tercer trimestre para la ocupación desde 2017, en un periodo en el que la actividad estival "suele favorecer la creación de empleo". Así, en términos anuales, la región registra 5.500 ocupados menos.
Además, el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha señalado que el resultado contrasta con el del mismo periodo del año anterior, cuando se crearon 6.400 empleos.
"La valoración del tercer trimestre es decepcionante, porque no es habitual que sea tan negativo", ha afirmado Morcillo, quien ha reclamado que el Plan de Empleo 2026-27, actualmente en negociación, mejore las oportunidades de los colectivos con mayores dificultades.
"Hay que hacer un esfuerzo en los colectivos que tienen más dificultad. De eso van las políticas de empleo: de dar posibilidades de empleabilidad a quienes tienen más dificultades", ha indicado.
El responsable sindical también ha reclamado avanzar hacia un modelo productivo con mayor peso industrial. "Hasta que nuestra comunidad no crezca en el producto interior bruto en el ámbito industrial, los datos no van a cambiar mucho", ha señalado, al recordar el carácter estacional de una parte de la actividad de los servicios y del campo.
Al mismo tiempo, en nota de prensa, UGT Extremadura insiste en que la calidad del empleo debe ir acompañada de salarios "suficientes" y del acceso a bienes básicos como la vivienda.
Para el sindicato, los salarios deben crecer al ritmo de unos precios que vuelven a subir, y por ello llama a participar en la huelga general del próximo 11 de noviembre para reclamar un reparto "más justo" de la riqueza, salarios que permitan vivir "dignamente", y políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda "asequible".
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