OURENSE 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El comité de empresa del Servicio de Prevención y Extinción Contra Incendios Forestales (SPDIF) ha denunciado la "apertura progresiva de una puerta hacia la privatización del servicio", con una nueva concentración ante la delegación en Ourense de la Consellería de Medio Rural, pues para el día 31 de diciembre se prevé el despido de más de una docena de interinos, según explicó el delegado sindical Manuel Chan.
Este lunes Chan participó, junto con una treintena de trabajadores de extinción, en la concentración de Ourense, en nombre del comité de empresa integrado por delegados de CC.OO., CIG, UGT y CSIF, y si en otras ocasiones lo hicieron para criticar que la consellería no cubría las vacantes por jubilación o por bajas en las brigadas, ahora lo hacen para recordar el despido previsto de los trabajadores contratados para cubrir las plazas de trabajadores fijos desplazados en comisión de servicio.
El delegado sindical explicó que este recorte se suma a los de anteriores meses, y recordó que hasta ahora "los contratos de interinos para empleos que quedan sin cubrir, por desplazamiento de trabajadores fijos en comisión de servicio, serán de un año e incluso se prorrogaban, originando un puesto de trabajo temporal pero digno, por cada trabajador fijo en comisión de servicio".
Según Chan, esos salarios están previstos en los presupuestos anuales de la Xunta "así que no se despide a gente por el ahorro económico sino porque tienen la vista puesta en una futura privatización y en eso siguen".
RECORTES Y CONTROL DE VOTO
A preguntas de Europa Press, Chan explicó que las razones de movilizaciones anteriores "quedaron a la vista" en el último incendio registrado en el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, donde la Xunta declaró que ardieron 300 hectáreas, con el trabajo de extinción a cargo, entre otros medios, de 20 brigadas forestales.
Según Chan, esas 20 brigadas forestales "eran en realidad 35 trabajadores de extinción pues excepto la brigada helitransportada del ministerio, integrada por 17 personas, todas las gallegas deberían tener al menos 5 trabajadores pero tenían en realidad 2 ó tres", detalló.
"El servicio público está cada vez más reducido y el trabajo de los que quedan es cada vez más precario por ese mismo motivo así que está clara la intención de la Xunta de desmantelar este servicio público de prevención y extinción de incendios, hasta que sea residual y poder desviar así fondos públicos para empresas privadas y brigadas municipales con poca o ninguna experiencia, lo que permite el control político del voto que en el servicio público es imposible", concluyó.