La oposición reprocha que no se "impugnasen" y Caballero Miranda asegura que el supervisor en la materia era el Banco de España
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El representante de la Consellería de Facenda en la comisión de control de Novacaixagalicia, Joaquín Caballero Miranda, ha informado al Parlamento de manera detallada de su labor en torno a la averiguación de la cuantía de las indemnizaciones para los contratos de alta dirección, indicando que el órgano en el que representaba a la Xunta tuvo conocimiento de la cuantía de los contratos casi un año después de que fuesen ratificadas en el primer consejo de administración de la entidad fusionada. El consejo tampoco los conoció hasta después de que se informase al órgano de control.
En el segundo turno de intervención en la comisión de investigación de las cajas, ha explicado que el consejo de administración del 1 diciembre de 2010, en que se "da por enterado" de los contratos de alta dirección de los directivos que venían de Caixanova y se autoriza uno similar para un directivo procedente de Caixa Galicia, Javier García de Paredes.
La información de las indemnizaciones llegó el 21 de octubre de 2011 después de diversas peticiones de información, que él mismo protagonizó, incluyendo una petición de "información exhaustiva" a la presidencia de la comisión de control, que le fue contestada "verbalmente" asegurando que el Banco de España tenía conocimiento de los contratos, y de que el consejo de administración hubiese provisionado los fondos para estas indemnizaciones por contingencias sin conocer las cuantías, tras pasar por la comisión de retribuciones, según el relato del representante de Facenda.
Con todo, en la comisión de investigación del Parlamento ni el que fue representante de la Xunta en este órgano, ni los grupos que conforman el arco parlamentario se hicieron eco de las cifras que trascendieron a los medios de comunicación pero que, según ha denunciado la oposición en días pasados, no está entre la documentación remitida a los diputados.
Caballero Miranda, que señaló que él solicitó a la comisión de control por escrito "información exhaustiva", con la intención de que se adoptasen acuerdos para que se "revocasen" las indemnizaciones, indicó que su actividad tuvo como uno de los ejes instar a un "refuerzo de transparencia de la actividad del órgano".
En su enumeración de reuniones de los consejos de administración de la comisión de control, que tenían conocimiento un mes más tarde de los acuerdos del consejo, indicó que en agosto de 2011 se reunió la comisión de retribuciones y nombramientos, que formuló un conjunto de propuestas para llevar al consejo, entre las que se encontraba "volver a ratificar los contratos de alta dirección". "Es bastante sorprendente que vuelva a ser ratificado", ha destacado Caballero Miranda.
También se determina que la segregación de negocio es una de las causas de desestimiento de contratos y que esto constituye una contingencia, es decir, un hecho que puede ocurrir o no; y que, como es un contingente, "hay que provisionarse", sin que se llegase a indicar en el consejo la cuantía de la que dotó la caja para ese supuesto. El 14 de agosto de 2011 se aprobó la propuesta de la comisión de retribuciones tal cual se expuso y en septiembre de 2011, "se vuelve a reunir la comisión de retribuciones y nombramientos para el desestimiento de Pego", y se autorizó al presidente de la entidad que ejecutase la liquidación del contrato el 13 de septiembre de 2011.
De nuevo, el 30 de septiembre de 2011 se pregunta en la comisión de controla cuál es el importe total de las cuantías de las jubilaciones, a lo que se le informa que "no hay diferencia con lo que se corresponde al resto de empleados de la caja y que se hicieron al amparo del acuerdo laboral con los sindicatos en la fusión", así como se contestó que "no se considera procedente hacerlos públicos".
El representante de la Xunta, según explicó, pidió entonces que se dijese la liquidación con el "detalle individualizado para cada perceptor". Los exdirectivos de Novacaixagalicia son, además de Pego y García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán.
Tal y como secuenció, y dando respuesta a la pregunta precisa del diputado popular Pedro Puy acerca de cuándo supo el Gobierno gallego la cuantía de las indemnizaciones, Caballero Miranda afirmó que se tiene conocimiento de las cuantías el 21 de octubre de 2011, fecha en la que "la Xunta conoce el importe de las indemnizaciones". "Cuando conozco la cuantía total y el detalle individualizado lo trasladé (ese mismo día) a la Consellería de Facenda", ha asegurado Caballero Miranda, quien indicó que tras las reuniones de la comisión de control se reunía con el departamento autonómico para informar verbalmente del contenido de la reunión de ese órgano, en el que tenía voz pero no voto.
Caballero Miranda ha subrayado que el "primer órgano de la caja en tener información detallada". "El consejo de administración va a conocerla con posterioridad", en una reunión el 27 de septiembre.
También en esa reunión del 21 octubre se pidieron los informes jurídicos que avalaron los contratos y el nuevo informe que Novagalicia Banco pidió a ese respecto, y el cual fue aprobado por unanimidad de la comisión de control. Además, se acordó que los consejeros dominicales de la caja en el banco solicitasen esos informes encargados al nuevo bufete laboralista.
Sin embargo, en la documentación de la convocatoria de la reunión de la comisión de control de noviembre de 2011 no se habían adjuntado ninguno de ellos, por lo que remitió un nuevo escrito para que se conociesen.
PIDIÓ LA DEVOLUCIÓN DE LAS CUANTÍAS
El 8 de noviembre, el representante de la Xunta solicitó que se aplicase la legislación y se "procediese a la devolución de las cantidades percibidas usando las vías e instancias pertinentes, incluyendo la judicial si fuese necesaria, y se integrasen en el patrimonio de Novacaixagalicia y se destinase a comprar acciones de Novagalicia Banco".
Sin embargo, la comisión de control únicamente pidió que el consejo de administración anulase las indemnizaciones, analizando los informes jurídicos. Por este motivo, Caballero Miranda, según su relato, pidió la palabra para dejar constancia en acta que su deseo era que el acuerdo "no fuese condicionado, sino determinante de revocación y anulación". También se informó de que en el mes de septiembre "se mantuvieron conversaciones con el Banco de España".
Ya el 24 de noviembre respondió que los informes jurídicos de la caja "validan las actuaciones" del consejo de administración y órganos delegados, y que aunque el informe del banco no obra en su poder, "las manifestaciones públicas de su presidente confirman la legalidad de las indemnizaciones".
Finalmente, y después de que el asunto recayese en la vía judicial, Novacaixagalicia desistió en la petición del informe jurídico del banco, que en junio de 2012 compareció contra los exdirectivos.
LA OPOSICIÓN PIDIÓ LA IMPUGNACIÓN
Los representantes de la oposición han concluido que, a la vista de las comparecencias que se han ido sustanciando estos días, han concluido que lo que hubo fue una "falta de control" y un "exceso de dejar hacer", en palabras del diputado nacionalista Francisco Jorquera.
El portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras, ha criticado que "no hubo control ni farrapos de gaitas"; mientras que la diputada socialista ha lamentado que "a estas alturas nadie parece responsable y parece que nada es lo que era".
Y ante los reproches de por qué la Xunta "no impugnó" las indemnizaciones millonarias, el que fue representante de Facenda indicó que los supervisores en esta materia "eran otros", en concreto, el Banco de España, por lo que el Gobierno gallego no podía ejercer una "intromisión" en ese sentido. "La Xunta de Galicia no es el supervisor competente para este tema", aseveró.
