La Axencia da Legalidade Urbanística resolvió 107 expedientes y dio 86 órdenes de suspensión de obras hasta junio

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha resuelto 107 expedientes de reposición de la legalidad en suelo rústico en el primer semestre del año, frente a los 72 del mismo periodo de 2009; mientras que ha dictaminado 86 expedientes con orden de suspensión de obras.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas --responsable de la APLU-- ha informado de que, con las cifras del 2010, el incremento de expedientes de reposición de la legalidad ha aumentado un 48% respecto a hace un año. En concreto, en la provincia de A Coruña se iniciaron 24 expedientes, en Lugo fueron 33; en Ourense 21 y en Pontevedra 29.

El departamento que dirige Agustín Hernández ha indicado que, al abrirse un expediente de este tipo, se inicia un trámite para determinar si la obra cumple las normativas autonómicas y municipales y, en caso de que se halle que hay infracción urbanística, se comunica al interesado para que, en un plazo determinado, reponga la realidad física alterada. Si éste no hace caso, la administración impone una primera multa coercitiva.

Además, ha apuntado el Gobierno gallego, al cometerse una sanción se tramitan expedientes sancionadores, que alcanzaron la cifra de 23 en los seis primeros meses de 2010. Así, la provincia con mayor número de faltas fue Lugo, con nueve; seguida de A Coruña, con seis; Ourense, con cinco y Pontevedra, con tres.

Las multas coercitivas ascendieron a 187 hasta junio y sumaron una cantidad de 967.000 euros. En este caso, la mayor parte de las multas se registraron en Pontevedra (103), mientras que en Ourense y Lugo se impusieron 37 en cada una y en A Coruña fueron diez. A mayores, el Servizo de Inspección do Litoral puso 45 multas más, por un importe de 436.000 euros.

El total, el número de expedientes de reposición de la legalidad iniciados en el primer semestre fue de 134, frente a los 150 del año anterior. Asimismo, según los datos de la consellería, se ejecutaron en el mismo periodo 14 órdenes de demolición, la mayor parte de las veces por incumplimiento de la Ley del Suelo o por carecer de licencia municipal o autonómica. De estos derribos, ocho fueron en Pontevedra, cuatro en Lugo y dos en Ourense.