SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La CIG se ha concentrado este jueves en las siete ciudades para "rechazar" la nueva reforma laboral y demandar la derogación de las reformas aprobadas desde 2010.
Las protestas dan continuidad las movilizaciones convocadas el pasado domingo y a propósito del debate y votación en el Congreso de las y de los Diputados del RD/Ley 32/2021.
El secretario general de la CIG, Paulo Carril, ha destacado al inicio de la concentración en la Delegación del Gobierno en A Coruña, que "el hecho de que se apruebe la ley no elimina su carácter fraudulento".
"La convalidación en el Congreso lo que se está haciendo es consolidar la brutal reforma laboral impuesta por el PP en 2012 y aceptar su no derogación por parte de los mismos partidos que habían prometido tumbarla nada más llegar al gobierno. Por mucha propaganda que se nos venda, esto constituye un gravísimo incumplimiento de sus compromisos programáticos", ha asegurado.
Carril ha criticado además la "verborrea" y "confusión" alrededor del contenido de la norma, así como los "intentos de limpiar el texto", "trasladando la idea de que quien está en contra de esta reforma está con las políticas de derechas".
"El que demuestra quién es derechas o de izquierdas son los hechos, y la realidad es que PSOE y UP renuncian a sus promesas electorales, perpetuando la reforma del PP", ha aseverado.
"INTACTO" LO MÁS LESIVO DE LA REFORMA DE 2012
Para el sindicato, la nueva legislación mantiene "intactos" los aspectos "más lesivos" de la reforma del 2012 y "no permite recuperar los derechos robados ni mejorar las condiciones de trabajo y salarios dignos". A este respecto, a aclarado que los nuevos aspectos que contempla el texto "en absoluto van a erradicar y acabar con la temporalidad. Bajo nuevas denominaciones en los contratos a temporalidad, la eventualidad y los bajos salarios seguirán existiendo", ha advertido.
En esta línea, ha augurado un mercado laboral en el que el despido es "prácticamente gratuito" y en el que "se sigue dejando todo lo poder de decisiones sobre el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales en manos de la patronal".
"Ni se recupera la indemnización por despido en las cuantías previas, ni los salarios de trámite, ni la autorización administrativa de los ERE y se mantienen los recortes en las coberturas del FOGASA. Además, se ahonda en la centralización de las relaciones laborales, haciendo prevalecer de forma muy agresiva los marcos estatales de la negociación colectiva y de otros mecanismos para regular las condiciones de trabajo, como son los ERTE", ha explicado.
