El abogado de la viuda cree que representa "un caso más de una muerte evitable"
VIGO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid ha condenado a la aseguradora de un urólogo cuya consulta privada se sitúa en Ponteareas (Pontevedra), Ignacio M-S.L., a indemnizar a la viuda de un paciente que falleció en abril de 2012 al considerar que, si hubiese ordenado con anterioridad las pruebas recomendadas para determinar la presencia de un tumor, podrían haber aumentado sus posibilidades de supervivencia.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, contra la que cabe recurso de apelación ante ese juzgado, ha estimado parcialmente la demanda y contempla que, además de la indemnización, la aseguradora deberá abonar el interés devengado desde 2012, aunque no las costas procesales.
En tribunal considera probado que el hombre fallecido, Daniel S., fue atendido en varias ocasiones por Ignacio M-S.L. en el Policlínico San Miguel de Ponteareas, así como en centros de Atención Primaria del Sergas de la zona, entre noviembre de 2008 y enero de 2010.
En concreto, el escrito ha hecho referencia a una consulta que tuvo lugar el 12 de enero de 2009 en el centro privado de Ponteareas durante la que el paciente informó al urólogo de la existencia de hematuria, sangrado en la orina. Como consecuencia, el facultativo ordenó una ecografía y citó a Daniel S. para una revisión dos meses más tarde.
ANÁLISIS DE LA CONSULTA
Uno de los peritos ha considerado correcta la petición de la ecografía, aunque ha apuntado que "se tendría que haber unido con la existencia un seguimiento cercano del paciente para estudiar la evolución".
Mientras, un segundo perito ha señalado que "se tendrían que haber realizado una citología, una citoscopia, y un estudio del tracto urinario superior". Debido a que la hematuria es uno de los signos de la presencia de un tumor, este profesional ha afirmado que "se tendrían que haber hecho las pruebas necesarias para descartarlo desde el primer momento".
Además, la sentencia ha recogido que los dos peritos han determinado que no existe ningún dato que permita aclarar la etiología de la hematuria. También se ha apuntado que se han mostrado de acuerdo en que se recetó al paciente la "medicina prevista para el tratamiento de la infección", así como que "no existen datos objetivos" que permitan comprobar su existencia.
El tribunal también ha indicado que ambos han coincidido en que diagnosticar el tumor es complicado, por lo que ha considerado que el hecho de no haber ordenado la serie de pruebas recomendadas por uno de los peritos no refleja un caso de mala praxis.
Asimismo, se ha considerado que el facultativo tuvo constancia de un segundo episodio de hematuria durante una consulta que tuvo lugar en mayo de 2009, cuando solicitó la realización de un TAC.
Los peritos han señalado que también se deberían haber prescrito una ecografía y una citología y, además, uno de ellos también ha indicado que se debería haber ordenado una citoscopia.
REALIZACIÓN DE PRUEBAS
El tribunal ha reflejado que el urólogo "no le dio mayor importancia" al hecho de que el paciente no se sometiese al TAC, una realización en la que los peritos han asegurado que habrían insistido.
Así, se ha concluido que "no advertir de la importancia en la realización del TAC, junto con el hecho de no ordenar la realización de pruebas complementarias, junto con no informar sobre la importancia de realizar el TAC" muestra que el doctor "no actuó conforme a las normas de la buena praxis".
Aunque se ha señalado que no se conocía si el paciente ya presentaba un tumor durante las consultas de enero y mayo de 2009, se ha apuntado como la probable causa de la hematuria. A mayores, se ha afirmado que, si se hubiesen realizado las pruebas recomendadas en mayo de 2009, "la tasa de supervivencia hubiera aumentado".
Por su parte, la parte denunciante había alegado la existencia de un caso de mala praxis por parte del doctor al considerar que había infravalorado "los factores de riesgo, signos y síntoma". También había considerado que se produjo "una omisión de pruebas diagnósticas básicas, y ausencia de información y de consentimiento informado válido". Por estos motivos, había exigido una indemnización de 120.000 euros.
El abogado de la viuda del paciente fallecido, Cipriano Castreje, ha incidido en que se trata de "un caso más de una muerte evitable" y ha lamentado que el urólogo no hubiese detectado el tumor de un modo precoz.
