El Consorcio advierte de que los contratos "en fraude de ley" con el bipartito podrían elevarse a "uno de cada tres"

Europa Press Galicia
Actualizado: martes, 9 marzo 2010 23:03

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los contratos "en fraude de ley" formalizados por el Consorcio do Benestar, departamento gestionado por el BNG durante la etapa del bipartito, podrían alcanzar un promedio de "uno de cada tres" si la Inspección de Trabajo consolida en las cuatro provincias gallegas las interpretaciones que ya ha hecho en relación a 240 contratos.

Fuentes de la Consellería de Traballo señalaron que el acta de Inspección de Trabajo de A Coruña en la cual se concluye que 34 ex trabajadores del Consorcio tenían un contrato que incurría "en fraude de ley" pasa a engrosar la cifra de trabajadores afectados por esta situación, que según sus datos, hasta ahora se eleva a 240.

Esto supone que "un 25 por ciento del total de contratos realizados durante la anterior legislatura" presentan irregularidades, según actas de las inspecciones laborales en las provincias gallegas, con lo que la Xunta estima que la cifra final podría elevarse a "uno de cada tres" contratos realizados "en fraude de ley".

Los contratos de los 34 trabajadores a los que alude la resolución de la Inspección laboral de A Coruña fueron rescindidos el pasado 31 de diciembre, ya que la consellería alega que se trataba de vínculos labores temporales relacionados con el desarrollo de determinados planes "que finalizaron en esa fecha". Se trata de contratos de trabajadores de las oficinas de I+B: Plan Galego de Inclusión Social, Plan Estratéxico da Infancia e Adolescencia, Plan de Igualdade de Oportunidades e Plan Integral de Apoio ás Familias.

Por su parte, el sindicato CIG aseguró en un comunicado que el acta de los servicios de inspección laboral "favorece a los trabajadores para defender la improcedencia de sus despidos". No obstante, la Consellería de Traballo replicó que el acta "no hace ninguna referencia" a la procedencia de la resolución de dichos contratos, puesto que en su caso "es competencia exclusiva de los juzgados de lo social".

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