Coincidiendo con el Día de la Tierra, las 6 asociaciones ecologistas más representativas, difunden un documento pensado de cara a las elecciones
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las seis organizaciones ecologistas más representativas del panorama gallego han unido sus esfuerzos en el documento 'Un programa pola Terra', que traslada a los ayuntamientos gallegos 10 propuestas de iniciativas, actuaciones y políticas sostenibles en el ámbito local que solicitarán que se incluyan en los programas políticos de cara a las elecciones municipales de mayo.
Las asociaciones responsables de este documento --Adega, Amigos da Terra, APDR, Cemma, Federación Ecoloxista Galega y Verdegaia-- han presentado este miércoles el decálogo en Santiago y prevén trasladarlo en los próximos días a los diferentes grupos políticos y ayuntamientos.
Coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra, el secretario general de Adega, Fins Eirexas, ha asegurado que existen "aspectos muy importantes" en el ámbito medioambiental que "pueden profundizarse desde los ayuntamientos", por lo que ha reclamado la implicación de los distintos grupos políticos para "fortalecer" estas iniciativas. "Sólo hace falta voluntad", ha apuntado.
La crisis económica actual, explican desde las asociaciones ecologistas, se ve agravada por una crisis "social y ambiental" que existe con anterioridad, "causada por un modelo social injusto, que explota de forma ilimitada el planeta".
Por ello, las asociaciones firmantes quieren aprovechar el papel de los ayuntamientos en una doble vertiente, tanto para poner en marcha políticas y actuaciones que mejoren la gestión medioambiental como para crear conciencia social a través de su "estrecho" contacto con los ciudadanos.
PRINCIPIOS BÁSICOS
El documento se basa en el hecho de que "el actual modelo económico y social es injusto e insostenible" y en que la crisis financiera "necesita de una respuesta ecológica y solidaria" que inicie "la transición hacia un nuevo modelo".
Al mismo tiempo, apuntan, es necesario un compromiso de cambio "de dimensiones estratégicas", que vaya "más allá de la aplicación de simples medidas correctoras" y que tome como objetivo "mejorar la vida y el bienestar de la ciudadanía con un menor consumo de energía y de materiales".
Las entidades reclaman a los ayuntamientos que la participación ciudadana y la transparencia "no se queden solo en palabras" y que se fomente tanto el diálogo con las asociaciones como las labores de concienciación y educación social sobre medio ambiente.
Finalmente, los ecologistas hacen un especial hincapié en la necesidad de "cumplir con la legislación ambiental", vulnerada en cuestiones como la gestión de residuos o la legalidad urbanística de algunas construcciones e instalaciones.
MEDIDAS
La primera de las medidas que incluye este documento es la integración de las políticas de energía, movilidad y lucha contra la contaminación. Así, propone establecer como objetivo de la próxima legislatura la reducción de un 20 por ciento del consumo energético y el aumento de la proporción de energías renovables empleadas.
Asimismo, el documento apuesta por elaborar planos de movilidad sostenible que incluyan el transporte público de áreas mancomunadas y limitar el acceso en automóvil privado a las áreas urbanas.
Del mismo modo, en el segundo de sus puntos, incide en la necesidad de incidir en los espacios naturales, la flora, la fauna y el paisaje, catalogando espacios protegidos, difundiendo el patrimonio natural, protegiendo los bosques autóctonos o asistiendo a animales domésticos y salvajes, entre otras cuestiones.
A mayores, el documento propone una nueva cultura del agua que incida en su ahorro en todos los sectores, la potabilización, el saneamiento integral separado de las aguas pluviales y las actuaciones de recuperación de aguas fluviales y litorales víctimas de vertidos.
Por su parte, el cuarto punto reclama a los ayuntamientos una política de ordenación del territorio que "limite drásticamente" el crecimiento urbanístico y defienda la costa en sus diferentes aspectos.
GESTIÓN DE RESIDUOS
De forma paralela, el texto propone implantar a nivel local "políticas realmente comprometidas y ambiciosas" con el objetivo de "frenar el crecimiento" de la producción de residuos e incidiendo en la reducción, la reutilización, el reciclaje y alternativas como el compostaje.
Las entidades ecologistas apuestan porque los ayuntamientos gallegos abandonen modelos de gestión de residuos centralizados como el de Sogama, que lleva en su "mayoría" a respuestas como la incineración de residuos y que genera costes económicos y ambientales con el transporte de residuos.
Teniendo en cuenta el incremento aplicado en la factura de Sogama, que causó la protesta de muchos ayuntamientos, Fins Eirexas ha recordado que con la misma partida o alguna inferior podrían articularse otras opciones de gestión de recursos más sostenibles. En particular, Adega ha cifrado en 2.000 los empleos que crearía en Galicia la apuesta por un sistema de compostaje que, además, distribuiría estos trabajos por los diferentes ayuntamientos.
SECTORES PRODUCTIVOS
La propuesta también pasa por potenciar las actividades productivas del sector primario que tenga un carácter sostenible y pide a los ayuntamientos que actúen como "mediadores" en situaciones de intereses cruzados.
A mayores, las asociaciones apuestan porque los municipios promuevan redes cortas de comercialización para mejorar los ingresos de los productores y se incentive el consumo de productos locales y libres de transgénicos.
Las propuestas no dejan de lado tampoco la cuestión de género e inciden en el reconocimiento y puesta en valor del papel de la mujer en distintos ámbitos y en la necesidad de una "educación social" en un modelo diferente para promover la equidad.
Entre las últimas cuestiones, los colectivos abordan la realización de una reforma verde del sistema fiscal que atañe a los ayuntamientos, que premie conductas sostenibles, sancione las que van contra el medio ambiente y revierta sus ingresos en fomentar la sostenibilidad y cuidar el entorno.
Además, reclaman que los ayuntamientos avancen en la participación ciudadana y apuestan por fortalecer la cooperación internacional.
