SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Facenda ha señalado este miércoles que la posibilidad de extender las libres designaciones de funcionarios de nivel inferior a los jefes de servicio ya existía en la Ley de Función Pública de 1988 que, sin embargo, no contaba con "criterios tasados" para aplicar esta norma que sí se aplicarán a partir de la aprobación de la reforma del texto normativo.
Después de que el PSdeG denunciase la intención del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "poner la Administración al servicio del PP" con una modificación normativa que abre "una vía de discrecionalidad infinita" con la extensión de las libres designaciones de funcionarios de nivel inferior a los jefes de servicio, fuentes de Facenda han indicado a Europa Press que esta "excepcionalidad" ya estaba prevista en la ley del año 88.
Ahora, se tendrán en cuenta "elementos objetivos" que permitan "apreciar la pertinencia" del recurso a la libre designación, de modo que son "las funciones de los puestos las que deben revelar la especial responsabilidad que les permita estar cualificados como tales". De todos modos, será preciso "acreditarlo justificadamente".
Así, se pretende aplicar unos "criterios" que ya fueron negociados con los sindicatos y que, al introducirse en una ley, tienen "más fuerza jurídica". Parten, según el departamento que dirige Marta Fernández Currás, de un acuerdo firmado entre la Xunta y las organizaciones sindicales en 2008, cuyo objetivo era "determinar los criterios y funciones que definen la especial responsabilidad de los puestos de libre designación".
"Ya había esa posibilidad de personal de libre designación de puestos inferiores desde el año 2008", ha enfatizado Facenda, tras recordar que los criterios firmados este año se basaban en "la especial responsabilidad" por "gestionar información reservada de la Xunta, garantizar el adecuado ejercicio de autoridad administrativa, garantizar una adecuada toma de decisiones en situaciones de alerta sanitaria o emergencia y garantizar la protección de los datos personales".
Por todo, el departamento autonómico ha concluido que, cuando la ley entre en vigor, "habrá que adaptar los actuales criterios a otros que surjan de los análisis y negociaciones efectuadas con los sindicatos en la tramitación de las relaciones de puestos de trabajo", si bien ha subrayado que los puestos afectados por estos criterios son "muy reducidos". "Estarán en torno a un dos por ciento", ha calculado.
