A CORUÑA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La familia de un trabajador que resultó herido en la planta Ferroatlántica de Cee (A Coruña) y que se encuentra en estado vegetativo en el Servicio de Medicina Intensiva del Juan Canalejo, presentará una querella criminal contra los directivos de la empresa y de la subcontrata Intneria 2000 por un delito contra la seguridad de los trabajadores.
El portavoz de la familia, Jesús Pastoriza, explicó que esta denuncia se fundamenta en la ausencia de medidas preventivas y en las "graves deficiencias" en el material de trabajo, un delito para el cual se prevé hasta pena de prisión para los responsables de la empresa en caso de fallarse a favor del afectado.
Jesús Pastoriza argumentó que desde el año 2002 la empresa registró diversos accidentes graves en los que murieron ocho personas y otras cuatro resultaron heridas graves. Además, subrayó que en el mismo horno en el que trabajaba el herido, Demetrio Sande Ramos, resultaron heridos otros tres compañeros.
El portavoz de la familia criticó, además, la "falta de contundencia" del informe realizado a raíz del accidente del pasado 10 de noviembre, el cual revela "diversas irregularidades y deficiencias".
"MALAS CONDCIONES"
Pastoriza consideró "incomprensible" que, pese a demostrarse "las malas condiciones" en cuanto a seguridad, el informe únicamente estipula dos sanciones: una porque la grúa con la que trabajaba la víctima no estaba homologada "y había sido manipulada por la empresa" y otra por el deficiente estado de mantenimiento de la misma.
Además, el portavoz explicó que fue la propia familia del accidentado la que tuvo que presentar en el juzgado la información sobre el estado de la víctima, lo que provocó que la fiscalía abriese diligencias sobre el caso. Pastoriza recordó que la Administración tiene la obligación de trasladar a la fiscalía dicha información, algo que aseguró "no hicieron".
El portavoz de la familia del accidentado alertó de que en la actualidad "todo sigue igual en la empresa" y de que no se ha tomado ningún tipo de medida correctora para garantizar la seguridad de los trabajadores, por lo que exigió la actuación de la Administración con el fin de evitar nuevos accidentes.
